La Fiscalía supo hace 20 días que Juan Carlos I quería regularizar el dinero de las tarjetas

La Fiscalía General del Estado sabía al menos desde el pasado 19 de noviembre que el Rey emérito, Juan Carlos I, pretendía regularizar el dinero gastado con tarjetas opacas por él y por parte de su familia. Sin embargo, desde el Ministerio Público, con la ex ministra de Justicia Dolores Delgado al frente, no sólo no se dijo nada, sino que no presentaron la querella que hubiera significado la imputación del emérito por fraude fiscal. Es decir, la Fiscalía tuvo conocimiento con un mínimo de 20 días de antelación que Juan Carlos I asumía un fraude fiscal, pero ha preferido esperar a que regularice ese dinero que defraudó a todos los españoles.

Una regularización anunciada por su letrado y por la que Juan Carlos I ha pagado al fisco un total de 678.393,72 euros, lo que supone que el valor total del dinero utilizado por parte de la familia del Rey emérito supera los 1,2 millones de euros, y que las cuotas anuales presuntamente defraudadas son superiores a los 120.000 euros. Y es precisamente por eso, porque superan los 120.000 euros por año fiscal, que de no haber sido regularizadas, implicaría una imputación por delito fiscal penado con hasta cinco años de cárcel.

La pasividad de la Fiscalía General del Estado ha sido contrastada por OKDIARIO con fuentes del Ministerio Público, que no se explican porqué no se hizo nada cuando se sabía que Juan Carlos I iba a regularizar ese dinero, lo que implicaba asumir el fraude.

La Fiscalía del Supremo, no solo sabía que el emérito iba a regularizar, sino que como informa Europa Press, desde la Fiscalía General de Estado de Dolores Delgado se había informado a la defensa de Juan Carlos I, ejercida por el despacho de Javier Sánchez Junco, que existían unas diligencias de Investigación Penal abiertas por el uso de las tarjetas opacas. Un aviso absolutamente irregular, pues la Fiscalía no avisa a los investigados de que ha abierto diligencias, como por ejemplo no hizo con Eduardo Zaplana, con los acusados por el caso Taula o los cientos de investigaciones que comienza el Ministerio Público y que terminan judicializadas.

Desde el Ministerio Público se plantean si el aviso a la defensa podría influir en que el fiscal que lleva el asunto, Juan Ignacio Campos, de por hecho que esa notificación se podría incluir como la notificación precisa para poder seguir con el procedimiento penal según el Artículo 305.4 del Código Penal. Sin embargo, hasta ahora, solo la presentación de una querella por parte de la Fiscalía se consideraba oportuna.

Juan Carlos I se ha visto beneficiado, gracias a la pasividad de Hacienda y de la Fiscalía, por el Artículo 305.4 del Código Penal que dice: «Se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias».

Un artículo que apostilla que: «Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias una vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación en vía administrativa. La regularización por el obligado tributario de su situación tributaria impedirá que se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación tributaria».

Otros casos

En otros casos similares, y sin tener conocimiento del interfecto, pero sí los investigadores, la Fiscalía ha movido pieza para solicitar la imputación. Ejemplo de ello son los casos de los fraudes fiscales cometidos por futbolistas de renombre de los que el Ministerio Público tuvo conocimiento por los medios de comunicación. Y en esos casos no le tembló el pulso a la hora de solicitar la imputación de éstos.

Igual que Hacienda, que cuando ha sabido por los medios que alguna persona de relevancia pública había defraudado, siempre, hasta ahora, había abierto una investigación, lo que impedía una regularización fiscal como la que ha realizado Juan Carlos I. Pero con el emérito, tanto Hacienda como la Fiscalía han trabajado con una piedra impidiendo sus movimientos.

Fraude

La cuestión es que, de las tres investigaciones abiertas por la Fiscalía General del Estado contra Juan Carlos I, la que más visos tenía de prosperar, por no decir la única, era la del fraude fiscal. Sin embargo, la tardanza de ambas administraciones pese a conocer las intenciones del monarca han impedido, salvo que se pueda demostrar un blanqueo de capitales, que se investigue al padre del actual Rey.

Pero no solo el monarca sale indemne, sino que, por ende, también se impide que puedan ser imputados aquéllos que se han beneficiado del dinero B, como son la Reina Sofía, la Infanta Elena y sus hijos Felipe Juan Froilán y Victoria Eugenia, así como algunos de los hijos de Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina, quienes habrían usado las tarjetas bajo sospecha.

En cuanto a las otras dos investigaciones, la que versa sobre las comisiones millonarias presuntamente recibidas por Juan Carlos I por el AVE a la Meca, y las supuestas cuentas ‘offshore’ en paraísos fiscales, la primera no podría investigarse porque se produjo mientras el Rey emérito gozaba de la inviolabilidad que le otorgaba el cargo; y la segunda no está dando los frutos, al menos por el momento, que el Ministerio Público esperaba.

Pese a tener conocimiento de las intenciones del monarca, tanto desde Hacienda como desde la Fiscalía General del Estado han dejado que se regularice ese dinero presuntamente donado por el amigo multimillonario del Rey emérito, el mexicano Allen Sanginés-Krause, y que se canalizó a través del coronel Nicolás Murga.