La Fiscalía de Sánchez sólo reabre investigaciones de muertes por Covid en residencias de Madrid

En marzo de 2025, coincidiendo con el quinto aniversario del inicio de la pandemia de Covid-19, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, decidió reabrir denuncias archivadas en los últimos años en diversos juzgados de la región, relacionadas con las muertes en residencias de mayores durante la crisis sanitaria. Sin embargo, no ha investigado la actuación de comunidades como Cataluña y Comunidad Valenciana, gobernada entonces por el socialista Ximo Puig.

La Generalitat de Cataluña instó a atender a los ancianos contagiados por Covid-19 en los geriátricos, en lugar de primar su traslado a centros hospitalarios. Y en la Comunidad Valenciana, un protocolo para residencias del que informó OKDIARIO exigió dejar en sus cuartos a los mayores que «se acercan al final de la vida». Además, la patronal valenciana de residencias, Aerte, denunció que hubo denegación de traslados en departamentos con mayor tensión asistencial, dado que la conselleria los dejó en manos de criterios médicos.

«Queremos dejar claro es que esos criterios médicos, que pueden ser inapelables, dejaban fuera de la asistencia hospitalaria a buena parte de los residentes. Y no creemos que eso haya sido justo», denunció Aerte.

La Comunidad de Madrid, presidida por la Isabel Díaz Ayuso, ha elaborado un informe al que ha tenido acceso OKDIARIO que sostiene que «a lo largo de estos cinco años, un total de 62 denuncias contra la gestión de covid de la Administración regional en las residencias han sido archivadas».

Sin embargo, en marzo, tras el lanzamiento de un documental impulsado por la marea de residencias que se centra exclusivamente en las muertes ocurridas en Madrid, la Fiscalía anunció la presentación de nueve nuevas denuncias para investigar si algunas residencias denegaron asistencia sanitaria por motivos discriminatorios durante la pandemia.

La semana pasada, la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez Fernández, de la Fiscalía de la Audiencia Provincial, dependiente de la Fiscalía General del Estado, decidió reabrir una causa archivada hace tres años, que implica a dos ex altos cargos de la Consejería de Sanidad de Madrid. Hoy, una semana después, se ha conocido la apertura de otro procedimiento en un juzgado madrileño, también contra ex altos cargos de la Comunidad por su gestión de las residencias.

A diferencia de otras comunidades autónomas como Aragón, Cataluña o País Vasco, en Madrid no se aprobó ni aplicó ningún protocolo oficial para derivar a residentes a hospitales. Se menciona un borrador que nunca llegó a formalizarse ni aplicarse.

El citado informe asegura que durante la primera ola de la pandemia, el SUMMA 112 trasladó a 11.200 personas mayores de residencias a hospitales de la región. Además, justo antes del estado de alarma, la Comunidad de Madrid creó una red de geriatras hospitalarios como enlace con las residencias, garantizando que todos los mayores que necesitaban ingreso fueran trasladados, sin ninguna orden en sentido contrario.

Fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran a este diario que «la Fiscalía no ha reabierto investigaciones sobre la gestión de residencias en otras comunidades autónomas, únicamente en Madrid». Esto se percibe como «un ejemplo más del uso del aparato estatal contra el gobierno de la Comunidad de Madrid por motivos políticos».