La Fiscalía Europea imputa a Illa una malversación de 10 millones en la compra de batas desechables

La Fiscalía Europea ha abierto un procedimiento en el que el principal investigado es el ex ministro de Sanidad Salvador Illa por su gestión en la compra del material sanitario durante la pandemia. Según ha podido saber OKDIARIO, la fiscal Concha Sabadell ha informado al magistrado de garantías, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, de la incoación de esta nueva causa en la que se investiga a Illa por los delitos de malversación y prevaricación por la compra de las 500.000 batas desechables adquiridas por el Ministerio a una empresa textil china con fondos europeos (FEDER) con un sobrecoste de 10 millones de euros.

Esta causa parte a raíz de una denuncia presentada por el grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigue los contratos de emergencia adjudicados por el Gobierno de Pedro Sánchez a empresas relacionadas con el PSOE. En el punto de mira se encontraban al menos 7 sociedades vinculadas al entorno del presidente, así como del ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, y de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que en total habrían recibido más de 326 millones de euros. En concreto, la denuncia se dirigió contra «todas aquellas autoridades, funcionarios y particulares que puedan aparecer como responsables de los hechos […] por la presunta comisión de posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y malversación de caudales públicos».

En la lista de empresas denunciadas se encontraba la sociedad Weihai Textile Group, que recibió un contrato por valor de 10.192.606 euros por el suministro de 500.000 batas desechables. «El precio de las batas ofrecido por la empresa fue de 18,50 dólares la unidad (16,7 euros aproximadamente, según el tipo de cambio de entonces), lo cual representaba un coste mucho mayor del que en esas mismas fechas ofrecieron otros proveedores». Por ejemplo, el precio pagado en las mismas fechas por el mismo producto y la misma entidad contratante a las empresas españolas Mediline International Iberia SL y Suministros Hospitalarios SA fue de 0,3263 euros y 0,2783 euros, respectivamente.

Según el PP de Madrid, esto supuso pagar un sobrecoste de entre 52 y 60 veces en relación con el precio de mercado. Sanidad destinó a la compra de esas batas la cantidad de 10,1 millones de euros, mientras que, si le hubiera dado el contrato a alguna de las empresas españolas, el precio habría sido de entre 139.150 euros y 163.150 euros (IVA incluido). Por eso, se denuncia expresamente la existencia de un sobrecoste de más de 10.000.000 euros (más de un 625%).

Fiscalía Europea

En agosto, Anticorrupción remitió esta causa a la Fiscalía Europea al considerar que era el órgano competente para investigarlo. Tanto es así que la fiscal Sabadell asumió la causa alegando que «el delito de malversación de fondos de la UE entra en la Directiva PIF europea dentro de las infracciones penales que afectan a los intereses financieros de la Unión». Y sobre el posible delito de prevaricación, indicaba que, si ambos están «indisociablemente vinculados», como considera que es el caso, la Fiscalía Europea puede ejercer su competencia siempre que la malversación esté sancionada con mayor pena.

Según el PP de Madrid, esto supuso pagar un sobrecoste de entre 52 y 60 veces en relación con el precio de mercado.

«En definitiva, siendo así que el delito de malversación lleva aparejada una pena notoriamente superior a la correspondiente al delito de prevaricación y que ambos están indisociablemente vinculados, la Fiscalía Europea es competente materialmente para conocer de la totalidad de los hechos y delitos investigados en las Diligencias de Investigación 13/2022», apuntaba.

Ahora, según ha podido saber este periódico, la fiscal de Europa ha incoado el procedimiento al apreciar indicios delictivos. A partir de ahora, Sabadell deberá citar a declarar a los investigados y acordar las diligencias oportunas para dilucidar la posible comisión de los delitos investigados.

Fuentes consultadas por este periódico señalan que esperan que «esta fiscal afín al Gobierno de Pedro Sánchez ponga el mismo empeño en investigar a Salvador Illa que al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso». Hay que recordar que han pasado más de tres meses desde que la Fiscalía Anticorrupción archivó, porque no existen indicios delictivos, la investigación sobre el contrato de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso y, sin embargo, esta fiscal elegida por Sánchez para representar a España en Europa mantiene abierta la causa a pesar de que el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ya le ha advertido que sus diligencias son «prospectivas» y que carecen de un «mínimo acervo incriminatorio».