La Fiscalía admite que no se cumplen los protocolos de protección a las víctimas de violencia de género

La Fiscalía alerta que no se cumplen los protocolos de protección a las víctimas de violencia de género. En un oficio remitido a los fiscales ordenándoles intensificar la protección de las víctimas ante la escalada de asesinatos machistas, la fiscal de Violencia contra la Mujer alerta de la poca protección penal que se dispensa a las mujeres durante la tramitación de los procedimientos por violencia de género, y de la escasa aplicación del Protocolo Médico Forense de Valoración del Riesgo de las víctimas.

El oficio, con fecha 10 de enero de 2023, remitido a los fiscales con la intención de potenciar la coordinación para la protección de las víctimas de género, arranca con la enumeración de una serie de datos que alertan de la grave situación.

Así, de los 12 feminicidios del pasado mes de diciembre de 2022 confirmados a fecha de hoy, en el 50% de ellos existían denuncias previas por parte de las víctimas. Sólo en dos de los casos se acordaron órdenes de protección que quedaron sin efecto al cabo de unos meses.

Igualmente, al analizar todos los feminicidios desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, en el 42% de los casos había denuncias previas de las víctimas contra los que finalmente terminaron matándolas, pero sólo en seis de los casos los jueces acordaron órdenes de protección de las mujeres.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial son aún más reveladores. Hasta el tercer trimestre de 2022 (aún resta por confeccionar la estadística del último trimestre) sólo se concedió protección a dos de cada diez mujeres que habían denunciado ser víctimas de violencia de género y solicitaban esa medida. En total, hasta octubre de 2022 habían denunciado 49.479 mujeres, de todas ellas 10.302 solicitaron protección que finalmente sólo se otorgó a 6.873 mujeres. Según la fiscal de sala de la Unidad de Violencia sobre la Mujer, «Los datos, a simple vista, ya alertan de la escasa protección penal que se dispensa en los procedimientos por violencia de género».

Es por este motivo que la fiscal responsable del oficio recuerda a sus compañeros que deben pedir órdenes de protección para las víctimas que denuncien violencia de género aunque ellas mismas no lo soliciten. «Debemos ser proactivos para dar a las mujeres la máxima protección, y también para determinar el riesgo al que están sometidas».

Esta última recomendación se debe a que, según la fiscalía, hay que mejorar la escasa aplicación del Protocolo Médico Forense de Valoración del Riesgo que ya determinaba desde el año 2017 el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Cierto es que los jueces y fiscales ya cuentan con las VPR o Valoración Policial del Riesgo que se lleva a cabo en cuanto una mujer denuncia y entra en el sistema VioGen y determina el rango de protección que necesita la víctima. Sin embargo, la realidad pone de relieve que no es suficiente, y la fiscal les pide a sus compañeros que insistan en contar con una segunda valoración por parte de un médico forense del juzgado con mayor conocimiento, algo que no se hace habitualmente. No se hace porque no lo solicitan los fiscales, pero también porque en muchos juzgados las unidades de valoración forense sencillamente no existen.

Dado que se piden pocas órdenes de protección para las víctimas, que no se cuenta a menudo con la valoración de riesgo de los forenses sobre la situación de peligro en la que se encuentran las mujeres, y que se imponen menos medidas de control telemático (brazaletes) a los presuntos maltratadores de las que se deberían, la fiscal de sala insiste a sus compañeros en tres cuestiones vitales. Deben cumplir los protocolos de forma más estricta, pedir más protección para las víctimas aunque estas no la soliciten, deberán pedir que un forense valore el peligro en que se encuentran las mujeres, y deben pedir la prisión provisional o un brazalete de control telemático para el maltratador en todos los casos que sean de riesgo medio, alto o extremo.