El fiscal Zaragoza: las reformas legales de Sánchez «son el último escalón hacia un sistema autoritario»

Javier Zaragoza ha sido uno de los ponentes estrella en las I Jornadas Jurídicas de OKDIARIO que se celebran estos días en Marbella. El reputado fiscal, figura clave en el proceso catalán, ha advertido de que el Ministerio Fiscal vive una «crisis institucional sin precedentes» que pone «en riesgo» la independencia judicial. De hecho, Zaragoza ha apuntado directamente a las iniciativas legislativas que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez como un posible tránsito «hacia una democracia con tintes autoritario o autocráticos».

Durante su ponencia Ministerio fiscal, independencia judicial, la instrucción de los fiscales y el Estado de Derecho, Zaragoza ha recordado que «el Ministerio Fiscal es una institución importantísima que en estos momentos vive una crisis institucional sin precedentes». «Yo en 44 años que llevo en la profesión no he conocido nada igual», ha lamentado.

«En 44 años que llevo en la profesión no he conocido nada igual»

«La independencia judicial está en riesgo. Algunos están dando unos pasos legislativos que pueden limitar y restringir considerablemente la independencia judicial», ha esgrimido el fiscal, que considera que «la instrucción de los fiscales llega en el peor momento posible, en el que el Ministerio Fiscal tiene, al menos en la percepción social, la imagen de una mayor dependencia del Gobierno».

«Si todo esto falla, el Estado de Derecho se debilita. Ahora hay dos vías posibles: fortalecerlo o dejar que las cosas sucedan y debilitarlo para transitar hacia una democracia con tintes autoritario o autocráticos», ha advertido Zaragoza.

Bajo el punto de vista del fiscal, estas últimas semanas se han llevado a cabo dos iniciativas legislativas que «han puesto en alerta a la totalidad del mundo jurídico y judicial». «Una primera iniciativa legislativa (…) que recorta de forma importante el ejercicio de la acción popular en varios sentidos: restringiendo los delitos en los que puede ejercerse, yo no puedo entender por qué se excluyen los delitos de terrorismo, determinados delitos contra la administración pública, el blanqueo de capitales o el delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios público. Esta iniciativa anula por completo la intervención de la acción popular cuando está el proceso en la fase de investigación. No le permite hacer absolutamente nada: no hay práctica de diligencias, no puede intervenir en las diligencias que se practiquen, etc. Y limita considerablemente el ejercicio de la función jurisdiccional en la admisión de las acciones penales a través de la denuncia o de la querella. El juez tiene que rechazar automáticamente una denuncia o querella cuando esté infundada exclusivamente en recortes o noticias periodísticas. Pero claro, detrás de los recortes y noticias habrá seguramente, como siempre ha pasado, indicios que justifican la publicación de estas noticias», ha lamentado Zaragoza. Esta iniciativa, a ojos del fiscal, «es palmariamente inconstitucional porque limita arbitrariamente el derecho a la tutela judicial».

En este sentido, Zaragoza ha alertado de una segunda iniciativa, que sí se ha tramitado por la vía ordinaria, que es la de la reforma del sistema de oposiciones y de acceso a las carreras judicial y fiscal. «A pesar de tener algunos aspectos positivos (…), creo que lo que no es aceptable es la modificación de las condiciones de acceso a las carreras judicial y fiscal y el propio diseño de la oposición que cambia con el pretexto de democratizar la Justicia», ha alertado.

Separación de poderes

«Sin separación de poderes no hay democracia y si no hay separación de poderes uno se dirige a la tiranía», ha advertido Zaragoza, que explica que «sin equilibrio y sin controles cualquier régimen político, por muy democrático que se considere, camina irremediablemente hacia la senda del autoritarismo, hacia un recorte de los derechos y libertades y hacia un exceso de injustificable control social por parte del Estado».

«Vivimos unos tiempos, sobre todo a raíz del proceso catalán, en los que el doble mensaje y la impostura son moneda habitual de uso en el vocabulario político. Se utilizan términos como seguridad jurídica, marco democrático y otros parecidos, para soslayar las obligadas referencias a la Constitución como armazón legal de nuestra democracia y como límite de la acción política de nuestros gobernantes. De alguna manera, como si se pretendiera deslegitimar su origen y su vigencia», ha esgrimido el fiscal.

«Ni la Constitución de 1978 ni el orden constitucional diseñado por ella son una imposición del franquismo, sino una conquista de los demócratas. A pesar de ese revisionismo que con una gran dosis de sectarismo y con una patente falta de rigor histórico pretende desacreditar la obra política de la Transición y deslegitimar el actual marco constitucional», ha recordado Zaragoza, que cree «firmemente» que la mejor manera de regenerar la democracia es «garantizar la independencia de la Justicia».

Politización de la Justicia

«La politización e instrumentalización de la Justicia al servicio de la política es un fenómeno que estamos viendo en distintos escenarios. Las injerencias de la política en la Justicia saltan a la vista. Continuos reproches al poder judicial cuando las resoluciones no son del agrado de los poderes del Estado son una buena muestra de ello», ha afirmado Zaragoza, que ha querido recordar lo sucedido con la Ley del sólo sí es sí, que tenía «grandes deficiencias técnicas» o con la Ley de amnistía, «una ley que a nuestro juicio era manifiestamente inconstitucional». «En aquellos momentos había políticos ordenando e instando a los tribunales a que aplicaran esas normas de manera automática, prescindiendo de la interpretación», ha subrayado el fiscal.

«La Justicia está para examinar y controlar los excesos de la política», ha recordado Zaragoza, que ha condenado las acusaciones de lawfare de la izquierda: «Los jueces y tribunales lo único que hacen es tratar de cumplir escrupulosamente el principio de igualdad ante la Ley».

«En 200 años de historia de la institución nunca jamás un fiscal general había estado imputado o investigado por el Tribunal Supremo»

«Hay que dejar muy claro que la Justicia no tiene adversarios políticos y que la Justicia no criminaliza a un político por razones espurias. La política no puede ir contra la Justicia como si de un adversario político se tratara», ha continuado el fiscal, que considera que «la defensa de la legalidad constitucional es una cuestión de Estado que trasciende a los proyectos políticos partidistas. Y en esa tarea debe estar siempre el Ministerio Fiscal».

Fiscal general del Estado

«En el sistema jurídico continental, una de las funciones relevantes que se han desempeñado históricamente es velar por la independencia de los tribunales. Una misión que difícilmente se puede cumplir si la institución encargada de garantizarla depende a su vez del poder del Estado cuyo control está encomendado a los tribunales de Justicia. Es una absoluta contradicción», ha afirmado Javier Zaragoza, que ha recordado que «durante muchos años el fiscal general del Estado era un cargo que podía ser nombrado en un consejo de ministros y podía ser cesado discrecionalmente en el siguiente».

«Lo mejor sería que el fiscal general del Estado renunciara al cargo para no comprometer a la institución y no comprometer el trabajo diario de los fiscales»

«Hemos tenido fiscales generales de distintos colores y sensibilidades, pero lo que ha sucedido ahora no tiene comparación. En 200 años de historia de la institución nunca jamás un fiscal general había estado imputado o investigado por el Tribunal Supremo», ha alertado.

«Tenemos a un fiscal general del Estado investigado por el Tribunal Supremo por la posible comisión de un hecho delictivo. Respetando la presunción de inocencia, entenderán ustedes que los fiscales estemos bastante molestos con el curso de los acontecimientos porque creemos que lo mejor sería renunciar al cargo para no comprometer a la institución y no comprometer el trabajo diario de los fiscales», ha concluido al respecto.