La fiscal que ‘investiga’ la Gürtel de Podemos ejerce de abogada defensora: «Son rumores y suspicacias»

La fiscal Lorena Álvarez que investiga a Podemos por presuntos delitos de financiación irregular, falsedad en documento mercantil y fraude electoral, una vez más ejerce como abogada defensora de los miembros de la formación liderada por el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en la causa. En un escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, esta representante del Ministerio Público asegura que la denuncia, por la que se abrió la investigación, presentada por el ex coordinador jurídico de los morados José Manuel Calvente se basa en «manifestaciones de rumores, sospechas y suspicacias del propio denunciante».

La fiscal responde al recurso de apelación presentado por Vox que ejerce la acusación popular junto al Movimiento de Regeneración Política de España y la Asociación de Juristas Europeos Prolege. El partido de Santiago Abascal ha solicitado que se investiguen los contratos con la empresa portuguesa ABD EUROPA LDA, cuyo socio único es la empresa brasileña A.I. Big Data Group Participaçoes Ltda. El partido de Iglesias concertó un acuerdo con esta sociedad para las elecciones generales y para las autonómicas de la Comunidad de Madrid, celebradas en 2019.

La persona que se encargó de contratar a dicha mercantil fue el secretario de Comunicación de Podemos y director de Estrategia y Comunicación de Pablo Iglesias en la vicepresidencia, Juanma del Olmo, que está imputado en esta causa investigada por el juez Juan José Escalonilla.

Asimismo, Calvente –que como letrado del partido desde su formación se conoce todos los intríngulis de Podemos– subrayó en su escrito presentado ante la Guardia Civil que el diputado Rafael Mayoral viajó 10 días después de las elecciones de noviembre de 2019 a Sao Paulo (Brasil), donde la empresa A.I. Big Data Group Participacoes Ltda., titular de la empresa portuguesa ABD EUROPA LDA, tiene su sede. Este viaje lo hizo acompañado del asistente podemita en el Parlamento europeo Cristian Luis Navarro Moreno, la persona que controla la Asociación #404 Comunicación Popular que solicitó 50.000 euros a la Caja B del partido. Mayoral no fue imputado en esta causa, según fuentes consultadas por OKDIARIO, debido a su condición de aforado.

El denunciante, que fue expulsado del partido por investigar la presunta financiación irregular, señaló en su escrito que sospechaba «que en los contratos suscritos con la empresa ABD EUROPA LTD habrían participado como intermediarios y comisionistas Juan Manuel del Olmo y Rafael Mayoral». Además, manifestó que presuntamente estos contratos eran irregulares y simulados.

Tanto es así que aportaba, junto a la denuncia, 40 documentos mediante los cuales corrobora sus afirmaciones. Entre ellos destacan los contratos suscritos con la empresa mexicana Neurona y con la portuguesa ABD. Además, también incorpora un requerimiento del Tribunal de Cuentas por el cual este organismo solicitaba información a Podemos tras detectar irregularidades: el contrato con la sociedad portuguesa era posterior a la factura y el monto total fue muy superior al reflejado inicialmente en dicha factura.

Pese a ello, el Ministerio Fiscal acusa de forma grotesca al denunciante de exponer «rumores, sospechas y suspicacias» en relación a Mayoral y Del Olmo, sin aportar –prosigue– otro indicio más que meras afirmaciones sobre la ilicitud de estos contratos. Añade: «Más aún no se entiende cómo es posible que sean ficticios cuando el propio denunciante refiere que personas de origen portugués se encontraban con Del Olmo en la sede que se ocupaba del ‘big data’ que precisamente es el objeto de los contratos».

Fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO explican que el denunciante debe exponer las sospechas de hechos presuntamente delictivos, no realizar la investigación. Esto último es un trabajo de la Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin embargo, en este caso particular el Ministerio Pública «en lugar de actuar de oficio y realizar una acusación contra los investigados por la comisión de presuntos delitos, parece que ejerce la defensa de los acusados que, en este caso, son miembros del partido que gobierna junto al PSOE en España», explican a este periódico.

El salvavidas de Monedero

Calvente denunció que «en estos contratos habría participado como intermediario y comisionista Juan Carlos Monedero, que es amigo personal de César Hernández, director de la chavista Neurona Consulting. Según me han confirmado confidencialmente, Monedero sería el intermediario en las contrataciones ilícitas. Sería el responsable de buscar empresas y gobiernos extranjeros con los que contratar a través de la empresa mejicana Neurona Consulting, obteniendo fondos mediante contratos simulados, que luego servían tanto para su propio beneficio personal —a través de comisiones de intermediación cobradas por Monedero— como para financiar a partidos extranjeros y, posiblemente, también a Podemos, a través de microcréditos».

Lejos de investigar tal extremo, la fiscal asegura que «se desconoce la relación entre César Hernández y ABD» y utiliza esto como pretexto para no abrir nuevas diligencias. Por tanto, continúa: «en relación a estos hechos no se ha ofrecido un mínimo de prueba suficiente para iniciar una investigación tan amplia» y deriva la causa al Tribunal de Cuentas tras afirmar que «como ya existe una investigación de los contratos en ese organismo, si este órgano fiscalizador observa indicios de delito y, sin perjuicio de la jurisdicción contable, pondrá los hechos en conocimiento de la jurisdicción ordinaria».

Hay que recordar que la fiscal Lorena Álvarez forma parte de la comisión de expertos que trabaja bajo las órdenes del Ministerio de Justicia de Juan Carlos Campo, para elaborar el anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).