El ex juez ‘fontanero’ de Ferraz no logra que Sánchez se querelle contra la instructora del caso de su hermano

El ex magistrado Luis Sáenz de Tejada ha ofrecido gratuitamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una querella redactada contra la juez Beatriz Biezma, instructora del caso de su hermano David Sánchez. Sin embargo, han pasado tres meses desde aquella propuesta de septiembre y el líder del Ejecutivo no ha presentado ninguna acción legal.

Sáenz de Tejada, expulsado de la carrera judicial en 2019 tras ser condenado a 33 meses de prisión por violencia psicológica habitual contra su ex mujer, también juez, ha convertido en una cruzada su batalla personal contra Biezma.

El ex magistrado lleva años denunciando sin pruebas lo que considera «corrupción judicial» en Badajoz, ciudad donde la instructora del caso David Sánchez tiene su sede en el Juzgado de Instrucción número 3.

Por otra parte, como presidente y abogado de la Asociación Nacional de Denunciantes y Víctimas de Corrupción, ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado y ante el Consejo General del Poder Judicial al magistrado presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta, ponente en la sentencia del fiscal general Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos por comentarios insignificantes en charlas profesionales. De nuevo, Saénz de Tejada al rescate del Gobierno de Sánchez.

Propuesta de querella

Sáenz de Tejada en un vídeo difundido en septiembre anunció: «Estos son los hechos de la querella que mañana le vamos a regalar y le vamos a enviar al presidente del Gobierno, el señor Pedro Sánchez». El ex juez aseguró entonces que su documento probaba que Biezma «no ha cumplido la ley» y «ha instruido bulos en virtud de noticias falsas».

La querella se centraba en una supuesta irregularidad procesal. Según Sáenz de Tejada, la magistrada ha investigado a David Sánchez por la presunta creación irregular de su plaza en la Diputación de Badajoz, pero habría dejado fuera de la investigación a Antonio Garrote Ledesma, diputado de la Asamblea de Extremadura que, según consta en el auto de 9 de julio de 2024, «como diputado delegado de Recursos Humanos y Régimen Interior formó las bases de la convocatoria» y «finalmente es la persona que firmó el contrato de alta dirección con David Sánchez».

«¿Cómo es posible que el principal responsable de entregar la plaza, David Sánchez, no le impute, le deje fuera, no le llame como testigo?», se preguntaba el ex magistrado en su vídeo. Según su teoría, la juez habría actuado así deliberadamente para mantener la competencia del caso y no tener que remitirlo al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, dado que Garrote está aforado por su condición de diputado autonómico.

Sáenz de Tejada sugería dos posibles explicaciones para esta omisión: bien que existiera «algún tipo de influencia» del político sobre la magistrada —lo que calificó de «presuntamente delictivo»—, o bien que Biezma tuviera un interés espurio en retener la causa por razones políticas.

El ex juez recordó que la instructora participó en concentraciones públicas de jueces «criticando la actuación del Parlamento español y de algunos grupos parlamentarios por la tramitación de una ley», en referencia a las protestas judiciales contra la reforma del Poder Judicial.

El documento ofrecido a Sánchez incluía acusaciones de prevaricación, vulneración de derechos fundamentales y actuaciones políticas indebidas por parte de la magistrada.

Por su parte, las asociaciones judiciales habían instado al presidente a querellarse si consideraba que se habían cometido irregularidades y el ex magistrado se agarró a eso.

Desde su expulsión de la carrera, Sáenz de Tejada ejerce como abogado y ha asumido la defensa del también ex magistrado Fernando Presencia, condenado por sentencia firme a dos años y diez meses de cárcel por denuncia falsa y calumnias contra el fiscal decano de Talavera de la Reina.

Posteriormente, el ex magistrado saltó a la palestra por su relación con Leire Díez, la supuesta periodista de investigación que se presentaba como enviada del PSOE para entrometerse en casos judiciales delicados para los intereses de Ferraz.

El caso David Sánchez sigue su curso. Ha finalizado la instrucción y se juzgará previsiblemente antes de verano, entre mayo y junio, tras un primer retraso sobre la fecha inicialmente elegida. La Fiscalía en las últimas horas se ha posicionado en contra de la recusación de varios magistrados del tribunal que habían sido señalados por los abogados defensores de los acusados.

La instructora ha investigado la presunta creación irregular de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de música que ocupó el hermano del presidente, posteriormente reconvertida en jefe de Oficina de las Artes Escénicas, que el músico no supo ubicar en el espacio.

La magistrada descartó dos de las acusaciones iniciales: la supuesta existencia de 1,5 millones de euros en cuentas bancarias de David Sánchez y una presunta defraudación a Hacienda. Ambas informaciones quedaron descartadas tras las investigaciones de la UCO y las comprobaciones bancarias y fiscales realizadas.

No obstante, la juez ha procesado a los imputados por prevaricación y tráfico de influencias. Además de David Sánchez, hay otras ocho personas acusadas en el procedimiento por su presunta participación en el proceso de contratación.

La querella ofrecida por Sáenz de Tejada incluía un análisis de la correspondencia incautada a Garrote Ledesma al inicio de las diligencias. Según el ex magistrado, esta medida resultaba «una grave irregularidad», dado que el diputado autonómico nunca llegó a ser imputado ni fue llamado como testigo. «Evidentemente este señor ni como testigo le llaman», denunciaba en su vídeo, calificando la situación de «pantomima».

A pesar de la grandilocuencia con que el ex magistrado presentó su iniciativa —prometió enviarla «a través de Burofax y a través de los medios que sean pertinentes»—, la realidad es que su querella no ha prosperado. Tampoco ha conseguido que otros actores políticos se sumaran a su propuesta.

«Si él o su hermano o su abogado no pone la denuncia, evidentemente dará argumentos…», dejó caer Sáenz de Tejada en su vídeo, en el que insistía en ofrecer el documento «de manera absolutamente gratuita».

El ex juez ha mantenido su feroz campaña contra Biezma a través de redes sociales y vídeos. En ellos se presenta como víctima de una falsa trama de corrupción judicial en Badajoz que incluiría a magistrados, fiscales y miembros del CGPJ. Según su relato fake, habría sido represaliado por denunciar estas irregularidades cuando era magistrado en activo.

El fracaso del ex juez fontanero —apodo que él mismo rechaza a pesar de que quedaron acreditadas sus maniobras con Leire Díez— pone de manifiesto la soledad de su cruzada. Su querella ha quedado en propaganda política, sin que nadie con responsabilidad institucional haya querido tramitarla.