Este es el sueldo que Irene Montero paga a la condenada Isa Serra por ser su asesora: 65.613,06 euros

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 19/12/2021 06:50
  • Actualizado: 19/12/2021 06:50

Isa Serra, condenada por el Tribunal Supremo a 19 meses de cárcel por agresión a la Policía, recibe una retribución de 65.613,06 euros anuales como asesora del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero.

Así lo revela el propio Ministerio en una solicitud de información a través del Portal de Transparencia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO. Según se indica, la cuantía facilitada se refiere al cómputo anual y en términos íntegros y no incluye deducciones ni desglose de conceptos retributivos. Esa cantidad es superior al sueldo de otros asesores que, según desveló también en su día el Ministerio, se sitúa en los 51.946 euros brutos al año. Los eventuales de nivel inferior cobran 45.638,36 euros.

Irene Montero anunció el fichaje de Serra el pasado octubre, junto al de los ex concejales en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer. Estos dos últimos están acusados de un presunto delito de malversación y prevaricación en el caso Open de Tenis. Serra, por su parte, fue condenada a 19 meses de cárcel por un delito de atentado y lesiones leves durante un desahucio que tuvo lugar en enero de 2014. Mayer ocupa el cargo de jefa de gabinete de la Secretaría de Estado de Igualdad, mientras que Mato y Serra son asesores.

Desde el Ministerio se explicó el fichaje de Serra para potenciar las «alianzas internacionales feministas» con el objetivo de «situar a España en la punta de lanza de los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI». Según Igualdad, la portavoz podemita está encargada de mantener el contacto entre el Ministerio, la sociedad civil y el movimiento feminista.

Condena

En julio de este año, el Tribunal Supremo ratificó la condena a un año y siete meses de cárcel impuesta a Serra por un delito de atentado, lesiones y daños cometidos durante los altercados que se produjeron en el barrio de Lavapiés en un desahucio en 2014. Los magistrados desestimaron así el recurso de casación interpuesto por la defensa de Serra contra la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), dictada en abril de 2020.

La sentencia llevó aparejada la inhabilitación especial para el sufragio activo durante el mismo tiempo de la condena, aunque Serra ya no recogió su acta en la Asamblea de Madrid tras las elecciones del 4-M.

La dirigente podemita acusó al Supremo de «ratificar una sentencia sin pruebas, con acusaciones falsas y un montaje policial». La Fiscalía, por su parte, acusó a Serra de actuar de manera «agresiva» y  «feroz», y cinco agentes la reconocieron sin margen de duda como «la que más increpaba y la que llevaba la voz cantante» durante el desahucio. Serra también fue condenada por un delito leve de lesiones y un delito de daños, en ambos casos al pago de una multa de 1.200 euros.

Entre los hechos probados de la sentencia, se destacaba que «la acusada Isabel Serra Sánchez, integrándose en los grupos de personas, (…) profirió insultos dirigidos a los agentes en general, así como en particular a la agente de la Policía Municipal (…) diciéndole: «Eres cocainómana», «mala madre, hija de puta, con todo lo que hemos luchado las mujeres, contigo se pierde todo, no te quieren ni tus propios compañeros». Serra, en su defensa, sostuvo que las acusaciones carecían «de toda prueba porque no puede existir».

Según el Estatuto Básico del Empleado Público, el personal eventual «realiza funciones calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin». El nombramiento y el cese son libres por parte del responsable del Ministerio (u otro cargo asignado). Es decir, lo que se conoce como fichajes ‘a dedo’. Recientemente, en una respuesta por escrito en el Congreso de los Diputados, Irene Montero admitía abiertamente que la «formación y experiencia» de sus asesores «no es objeto de baremo para su nombramiento».

El equipo de la ministra de Igualdad ha estado siempre rodeado de polémica. Cabe recordar que una de sus asesoras es Teresa Arévalo, conocida por realizar labores de niñera de la hija pequeña de Montero, un asunto ahora judicializado.