DEMANDA Nº 917/2019 CONTRA PODEMOS

Éstas son las imágenes de la escolta de Iglesias y Montero a la que convirtieron en recadera de la familia

Tras un año y medio de “viajes, pernoctas” y todo “tipo de desplazamientos” con el líder de la formación morada, la empleada pasó al servicio de Irene Montero, el 26 de septiembre de 2017.

Éstas son las imágenes de la escolta de Iglesias y Montero a la que convirtieron en recadera de la familia
Escolta Pablo Iglesias

Varias imágenes difundidas por Podemos, en redes sociales, durante el congreso ‘Vistalegre II’, celebrado el 11 de febrero de 2017, muestran a la escolta de Pablo Iglesias a la que Irene Montero convirtió en recadera y que ahora demanda a la formación por el trato «discriminatorio» de ésta.

Los documentos gráficos acreditan el contenido de la demanda presentada por la ex trabajadora ante el Juzgado de lo Social número 3 de Madrid y confirman el contenido del mail del entonces jefe de seguridad de Podemos, al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, donde avisó a la cúpula del partido de que la situación laboral de la escolta era «claramente ilegal».

Podemos no sólo habría contratado a la escolta, en febrero de 2016, sin tener la habilitación oficial necesaria para ejercer como tal -titulación que obtendría en noviembre de ese mismo año- sino que, además, lo hizo de manera directa, sin mediar una empresa de seguridad especializada y autorizada por el Ministerio del Interior, y en base a una categoría profesional distinta de las funciones que desarrollaba.

Así lo advirtió Sergio Illanes a la dirección de Podemos, un año antes de la imágenes donde se ve a la escolta de Pablo Iglesias. El entonces jefe de seguridad afirmaba en un correo que “dado que las funciones que viene a desempeñar son las de Escolta”, el hecho de que en su contrato figurase una categoría profesional diferente generaba un “problema legal” grave e importante para el partido.

Además, manifestó su «preocupación» porque los «criterios políticos» que motivaban que la cúpula de Podemos no corrigiese la situación laboral de la escolta de Montero, colocaban en una situación de «vulnerabilidad» manifiesta a la trabajadora cuya «responsabilidad legal, laboral y ética» excedía «de su capacidad» propia.

El contrato 

Tal y como explica la propia escolta de Irene Montero en la demanda  presentada ante el Juzgado de lo Social número 3 de Madrid -procedimiento 917/2019- fue contratada por Podemos en 2016 como Ayudante no titulado del Área de Logística del partido.

Sin embargo el motivo de su incorporación al organigrama de la formación, en 2016, fue como ella misma relata en su escrito, y ahora confirma el mail del entonces jefe de seguridad de Podemos -Sergio Illanes- desarrollar las funciones propias de una profesional al servicio de la seguridad de los líderes del partido: como “escolta personal en exclusiva” de Pablo Iglesias “tanto de la agenda oficial como de la personal”.

Intrusismo 

La cuestión ya ha sido denunciada por la Asociación Española de Escoltas y Profesionales de la Seguridad (ASES) ante la Dirección General de la Policía Nacional, al hilo de las informaciones publicadas esta semana en exclusiva por OKDIARIO.

“La contratación directa de este tipo de servicio incumple de forma muy grave la Ley de Seguridad Privada 5/2014” advierte ASES quien considera “de especial gravedad” que “este tipo de comportamiento” se dé “por parte de miembros del legislativo”.

La ley española “prohíbe la contratación de personas no habilitadas por el Ministerio del Interior para estas funciones”, estando previstas en estos casos sanciones administrativas «de hasta 600.000 euros» entre otras consecuencias que podrían llegar hasta condenas penales por delito de intrusismo profesional.

Por este motivo la Asociación Española de Escoltas y Profesionales de la Seguridad anuncia que tiene previsto instar “a la Fiscalía” para que actúe en el caso de “la escolta de la diputada Dona Irene Montero”.

ASES “va a a hacer el adecuado seguimiento a este caso para garantizar la respuesta administrativa” y judicial correspondiente a unos hechos que considera muy perjudiciales para la reputación del sector y los profesionales que prestan servicios, de forma legal, en el mismo.

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