Las energéticas alertan a Moncloa del riesgo de dejar en manos de Podemos el Ministerio de Transición Ecológica

Nunca ha ocultado Podemos que controlar el mercado energético es una de sus grandes ambiciones. Así lo plasma en sus documentos electorales, desde que irrumpió en la escena política. Y esa aspiración se exhibe ahora en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. El ministerio de Transición Ecológica ha estado y está en la mesa de negociación, aunque desde el Gobierno se resisten a ceder un departamento clave para la economía española. La posible llegada de Podemos ha puesto ya en alerta a las empresas que operan en el sector, y que han hecho llegar a Sánchez su inquietud porque Iglesias llegue a implementar sus propuestas.

Para empezar, porque Podemos quiere una empresa pública eléctrica. Lo justifica así: «Con un mercado eléctrico dominado por un oligopolio privado, no es creíble que podamos acometer los objetivos planteados en el horizonte verde. Para conseguirlo, es necesario configurar un nuevo marco institucional y productivo bajo un control democrático». Ese «control democrático» sería una intervención pura y dura, una nacionalización, con el propósito de implementar «una factura de la luz más baja y de garantizar que nadie sufra pobreza energética», dice Podemos. En la práctica, el partido quiere fijar límites al consumo, penalizando, dice, el «derroche» energético.

Esa misma vocación la quieren aplicar en todos los ámbitos. Sobre el agua, aspiran a «recuperarla para lo público», lo que pasa una vez más por paralizar y revertir toda la privatización del suministro, riego o depuración. Asimismo, quieren recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas.

Hace justo un año, Podemos registró en el Congreso una proposición de ley de Cambio Climático que planteaba que el Estado aumentase su presencia en Red Eléctrica «hasta alcanzar el 100%» y defendía que municipios y mancomunidades tengan «el derecho a adquirir y gestionar su red de distribución».

El propio Jordi Sevilla, ex ministro de Zapatero y actual presidente de Red Eléctrica, arremetió contra Iglesias: «Si tienen 8.000 millones de euros y consiguen mayoría parlamentaria suficiente, que lo hagan», dijo en referencia a la valoración del grupo. Sevilla consideró que «sería uno de los mayores errores que se pueden cometer en este país».

En su propuesta, Iglesias aspira además a prohibir la ampliación de los permisos de explotación de centrales nucleares en funcionamiento, así como la denegación para abrir nuevas instalaciones, de manera que «antes de terminar 2024 no haya ninguna operando en España» y señala también el final de las centrales térmicas de carbón antes del 31 de diciembre de 2025.

Además, la explotación de las centrales hidroeléctricas pasaría a ser asumida por organismos públicos «como regla general» una vez caducada la concesión actual.

Más impuestos

Su propuesta de reforma del mercado eléctrico español incluye también un cargo a la sobrerretribución para «terminar con los beneficios caídos del cielo de ciertas centrales de generación» y distintas «medidas de democratización» como el desarrollo del autoconsumo renovable, eliminando el denominado «impuesto al sol».

La reestructuración de las facturas de la electricidad y el gas contemplada por esta normativa establece que el término fijo no podrá representar más del 25% del variable y que la parte regulada de este último será progresiva en el precio a medida que aumente el consumo.

Entre otros, Podemos quiere además aumentar la recaudación ambiental en España, «que apenas supone un 1,6% del PIB» hasta la media europea del 2,4%, y fijar la progresividad del sistema fiscal para «reducir la desigualdad económica».

Pablo Echenique, que hoy negocia el Gobierno de coalición con Sánchez, fue uno de los impulsores de esta propuesta, y el encargado de presentarla.