El empresario acusado de blanquear el rescate de Plus Ultra llega a España a final de semana para declarar ante el juez

Luis Felipe Baca Arbulu, el empresario peruano investigado por blanquear con dinero del rescate de la aerolínea Plus Ultra, llegará a España a final de semana para declarar ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que pidió su extradición.

El caso Plus Ultra sigue bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional. Tras las detenciones de altos cargos de la aerolínea el pasado mes de diciembre, el caso pasó a la Audiencia Nacional al encontrarse el juez ante una macrocausa con investigados que se encontraban en el extranjero.

Tal y como informó OKDIARIO, uno de los imputados era el empresario Felipe Baca, que constituyó empresas en España. Los investigadores tienen en el radar a la compañía Kaimana Capital SL, que creó Baca a finales de 2019 y que domicilió en un piso de lujo de Madrid. Esta empresa está ahora extinguida.

Felipe Baca ya había estado investigado por delitos económicos en Suiza y actualmente residía en la República Dominicana. Las pesquisas judiciales que se iniciaron en España volvieron a poner al empresario en el radar de la Policía y, cuando fue a registrarse en un hotel de la paradisíaca isla de Aruba el pasado mes de marzo, saltó la alarma de Interpol.

Baca había viajado hasta Aruba con su familia para estar allí unos días de vacaciones, pero le detuvieron. El empresario investigado en el caso Plus Ultra ha permanecido privado de libertad desde entonces en la isla caribeña.

Su abogada se personó en la Audiencia Nacional para pedir comparecer voluntariamente. Explicó que, en ningún caso, quería fugarse de la justicia y aportó documentación fiscal sobre su marcha de España. El juez tumbó su petición y acordó tramitar su extradición.

Los procesos de extradición suelen tardar meses, pero en el caso de Felipe Baca se ha hecho rápido. La extradición es un procedimiento por el cual un Estado solicita de otro la entrega de una persona para que pueda ser juzgada en su territorio o para el cumplimiento de una pena privativa de libertad pendiente.

Declarará ante el juez de Plus Ultra

Felipe Baca pasará a disposición judicial en cuanto llegue a España. Será el instructor del caso Plus Ultra, el juez José Luis Calama, el que decida si dejarle en libertad o mantenerle en prisión provisional mientras se investiga judicialmente el blanqueo.

Fuentes consultadas aseguran que se le tomará declaración y que Felipe Baca tiene intención de dar explicaciones al juez. Por el momento, su defensa desconoce los motivos por los que le están investigando, ya que el procedimiento está bajo secreto de sumario.

Los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registraron la casa que Felipe Baca tenía en Madrid. El empresario no se encontraba en el domicilio, puesto que reside desde hace años fuera de España.

Peticiones de los investigados

El caso Plus Ultra lleva ya meses bajo secreto de sumario sin que los investigados en la Audiencia Nacional conozcan los hechos que se les imputan. Algunas de estas personas fueron detenidas, como, por ejemplo, el empresario Julio Martínez Martínez, tal y como desveló OKDIARIO.

Los agentes de la UDEF registraron su domicilio y encontraron una fotografía impresa en su casa de él con el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. La instantánea suscitó mucho interés entre los investigadores y comentaron la fotografía en una zona apartada del piso. También le intervinieron dispositivos electrónicos que Julio Martínez Martínez ha pedido al juez recuperar sin éxito.

Otro de los investigados, el abogado Santiago Fernández Lena, también ha realizado peticiones al juez. La última ha sido la solicitud para levantar el secreto de sumario, que dura ya cinco meses. El juez ha dado traslado a la Fiscalía para que se pronuncie en un plazo de cinco días.

El secreto de sumario está vigente hasta el próximo día 28 de abril y tendrá que prorrogarse para entonces o, por el contrario, el juez tendrá que alzar el secreto.

En el último auto de prórroga, el instructor señaló que estaba investigando «por hechos que podrían ser constitutivos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y apropiación indebida, delitos que por su propia naturaleza exigen una actuación sigilosa, coordinada y técnicamente compleja».