La empresa de la ‘trama Koldo’ advertía en su código ético de la «corrupción» política y las «comisiones»

La empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., la firma señalada en el llamado caso Koldo por pagar comisiones a cambio de facilitar contratos millonarios de mascarillas con varios ministerios y comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, tenía su propio código ético interno. Un documento que ha podido consultar OKDIARIO y en el que la dirección de la empresa, todos ellos presuntamente involucrados en la trama, advertía de los peligros que tenía hacer negocios con políticos. Se citaban «políticas anticorrupción», como la prohibición de «regalos, comisiones y retribuciones a autoridades o partidos políticos».

Como si fuese una profecía de lo que luego la Unidad Central Operativa (UCO) desarrollaría en una larga investigación, la firma que canalizó todo el pago de comisiones por la venta de mascarillas al Gobierno central, a Canarias y a Baleares establecía unos límites muy estrictos en lo referente a cualquier relación con el poder político. El mismo del que presuntamente se sirvió para dar un pelotazo de más de 53 millones de euros durante la fase más cruda de la pandemia del Covid.

Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas aprobó antes de la pandemia un «Código Ético y de Conducta» que estaba a disposición de todos los empleados de la firma. Un texto en el que figuraban las normas por las que debía regirse la plantilla para evitar «cualquier práctica corrupta» a la hora de relacionarse y negociar con sus clientes y proveedores. En especial con la administración.

En ese documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se establecen los límites marcados por la empresa en las «relaciones con las Administraciones y cargos políticos». «Todo el personal de SOLUCIONES deberá abstenerse de ofrecer regalos, comisiones o retribuciones a autoridades, organismos y Administraciones Públicas, partidos políticos e instituciones en general», estipulaba el texto, contenido en 12 páginas. En todas esas relaciones, indicaban, «deberá seguirse la Política Anticorrupción» de la empresa.

Indicaba, además, que «se prohíbe expresamente efectuar directa o indirectamente en nombre o por cuenta de SOLUCIONES, donaciones, aportaciones o financiación a partidos políticos».

La trama utilizó Soluciones de Gestión, que no estaba dada de alta como licitadora oficial ni tampoco se dedicaba a la venta de material sanitario, para colocar contratos millonarios de mascarillas. La firma entró en el circuito público a través de Puertos del Estado y Adif, dos empresas públicas a las que endosó 32,5 millones de euros en mascarillas en la primera semana del estado de alarma. Pagando el 50% por adelantado y sin exigir aval. Unos contratos que la UCO considera «preconcedidos» a dedo, gracias a los contactos en las altas esferas del Ministerio de Transportes que, presuntamente, habrían dejado un enriquecimiento inusual en las cuentas de los participantes de la trama.

«Concierto previo»

La trama empresarial del caso Koldo mostraba un enorme, y cuanto menos sospechoso, optimismo sobre sus opciones para conseguir contratos públicos de mascarillas en los primeros días de la pandemia. Hasta tal punto que la UCO destaca el hecho de que, cuando los comisionistas montan su alianza para buscar mascarillas, citan en el contrato una adjudicación de mascarillas como ya concedida, a pesar de que la compra no se convocaría hasta cinco días más tarde. Y tras su primer contrato, cuando supuestamente aún no habían contactado con nadie, ya dan por hechas «varias adjudicaciones».

Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., la empresa señalada por el pago de comisiones por la venta de mascarillas en contratos millonarios, firmó el 16 de marzo -dos días después del estado de alarma- un acuerdo de prestación de servicios con dos sociedades pertenecientes a uno de los cabecillas de la trama, Juan Carlos Cueto Martín. En él, tal y como detectaron los agentes de la UCO, «se hacía alusión a una adjudicación pública que no se produciría hasta el día 21 de marzo». Es decir, cinco días antes de que el Ministerio de Transportes -entonces Fomento- publicase la Orden TMA/263/2020 que regulaba y encargaba la compra urgente de mascarillas.

Contratos anticipados

Con esos cinco días de antelación, la trama del caso Koldo ya se sabía adjudicataria de ese primer gran contrato, el más jugoso de todos -20 millones de euros por 8 millones de mascarillas FFP2- que firmó con Puertos del Estado. El que le abriría las puertas a todos los que vinieron más tarde con Adif, Ministerio del Interior y los gobiernos de Baleares y Canarias.

Además, destaca la Guardia Civil, «en un contrato firmado el 24 de marzo de 2020 entre Soluciones de Gestión y otra mercantil para la prestación de servicios logísticos se mencionaba expresamente que había resultado adjudicataria de varios contratos con el Gobierno español». Sin embargo, destaca la UCO, «en ese momento sólo había firmado un contrato con la Administración, concretamente con la entidad Puertos del Estado».

«En lo investigado hasta ahora», dice la UCO, «hay indicios que apuntan a que la persona que facilitó a la empresa la información sobre los procesos de adjudicación de material sanitario que se iban a abrir de forma inmediata fue Koldo García».