Defensa recurre al Supremo la admisión de los siete psicólogos perjudicados en el caso de los tatuajes

El Ministerio de Defensa ha recurrido al Tribunal Supremo el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que obligaba al Gobierno a admitir como miembros del Ejército a siete psicólogos que ganaron la oposición en 2018, pero que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ordenó repetir tras dejar fuera de la primera prueba a dos aspirantes por llevar tatuajes visibles en la uniformidad de falda.

El departamento de Margarita Robles readmitió al proceso selectivo a estas dos mujeres que tenían un tatuaje en una pierna y un empeine, modificó la normativa para que ello no fuese motivo de exclusión (la exigencia se limitó al uniforme común y no al optativo de falda) e incluso fue destituido el vicealmirante Carlos Gómez Fernández de Córdoba, entonces subdirector de reclutamiento. Pero esta rectificación trajo consigo que los siete aspirantes (de un total de 200) que habían ganado la oposición no llegaran a ser nombrados formalmente como psicólogos del Ejército, dado que el entonces subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, ordenó la repetición de las pruebas.

Los siete afectados (seis mujeres y un hombre) acudieron por la vía contencioso-administrativa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y les dio la razón hace unos meses. Sin embargo, ahora y según ha podido saber OKDIARIO, el Ministerio de Defensa, con Amparo Valcarce, como nueva subsecretaria, se niega al ingreso de estos siete psicólogos en las Fuerzas Armadas y ha recurrido en casación la sentencia del TSJM por la que deberían acceder al Ejército el próximo mes de septiembre.

«Un chasco muy grande»

Una de las seis mujeres afectadas por la decisión de Defensa, en un caso enquistado a partir de la readmisión a las pruebas de las dos aspirantes con tatuajes visibles, relata a este periódico su pesar por la reacción del Ministerio tras haber conseguido que el TSJM les diera la razón. «Estamos bastante mal, pensábamos que después del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no iban a recurrir… Ha sido un chasco muy grande», afirma María. «Son conscientes de que como Administración tienen ese posible recurso a su disposición y lo utilizan para alargar la causa», añade.

De esta forma, los siete afectados llevan ya dos años perdidos. Además, María teme que el caso se dilate «otros dos más» en el Tribunal Supremo. La versión del Ministerio de Defensa es que las pruebas para estas plazas de ingreso directo deben repetirse para «garantizar los derechos y legítimas expectativas de todos los opositores», insistiendo además en que, a su juicio, la oposición aún no había concluido al no haberse publicado el nombre de los siete ganadores de la oposición.

Sin embargo, el TSJM ya ha tumbado tales argumentos. «No resulta trascendente que no se hubieran publicado las calificaciones definitivas del concurso; es suficientemente significativo que se hubiera publicado la calificación final provisional del concurso, que solo podían haber objetado los interesados en el plazo de tres días», recoge la sentencia.

La lista existió

En este contexto, María recuerda además cómo los siete afectados mandaron un escrito al Ministerio para reclamar su ingreso en las Fuerzas Armadas y obtuvieron una reveladora respuesta de la directora general de reclutamiento y formación militar hasta hace unas semanas, Amparo Valcarce, hoy subsecretaria de Defensa. A partir de dicha respuesta tuvieron conocimiento de que la lista con los siete ganadores de la oposición existió pero nunca se publicó. «Dicen que es un proceso que no estaba finalizado, pero es porque ellos no quisieron finalizarlo», lamenta María. En cambio, por la vía de promoción interna en la misma convocatoria (12 plazas en total) y ante el mismo tribunal evaluador, sí fueron nombrados cinco candidatos. En este caso, no se suspendió el proceso.

Además, María subraya que resulta llamativo que en un momento como el actual en el que se necesitan psicólogos en todos los ámbitos, también en el Ejército, para hacer frente a la situación generada por el coronavirus, el Ministerio no tenga en cuenta esta cuestión para reconducir su postura.

De las dos mujeres con tatuajes visibles readmitidas por Defensa a la convocatoria, una de ellas desistió de seguir aspirando a estas plazas, mientras que la otra ya ha rebasado el límite de edad que se exigía para presentarse a los exámenes, apuntan fuentes conocedoras del proceso selectivo.

En cuanto a los no visibles, la normativa establece que los aspirantes al Ejército deben «carecer de tatuajes que contengan expresiones o imágenes contrarias a los valores constitucionales, autoridades, virtudes militares, que supongan desdoro para el uniforme, que puedan atentar contra la disciplina o la imagen de las Fuerzas Armadas en cualquiera de sus formas, que reflejen motivos obscenos o inciten a discriminaciones de tipo sexual, racial, étnico o religioso».