La consulta a la Justicia de la UE paraliza la amnistía en el Supremo con o sin el decreto ley de Sánchez

Los magistrados del Tribunal Supremo prevén trasladar una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para aclarar si la Ley de Amnistía del PSOE y sus socios respeta la legislación comunitaria sobre igualdad de todos los ciudadanos. Esa cuestión prejudicial suspenderá temporalmente la amnistía en el Alto Tribunal español, tanto si se convalida este miércoles en el Congreso el Real Decreto-Ley que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) como si no se aprueba. El artículo 23 del Estatuto del TJUE y las recomendaciones de ese organismo comunitario establecen que presentar esa cuestión prejudicial conllevará «acordar la suspensión de las actuaciones hasta que conste en autos la resolución del TJUE o se acuerde la retirada de la misma».

En los últimos días, los diputados de Junts en el Congreso, con Miriam Nogueras a la cabeza, están amenazando con votar en contra del Decreto Ley del Gobierno de PSOE y Sumar que modifica la LECrim. Consideran que amenaza la aplicación de la Ley de Amnistía por la vía más rápida como ellos desean. Sin embargo, fuentes expertas consultadas por OKDIARIO esgrimen que este retoque legal no conlleva una alteración del funcionamiento general actual.

«No supone ninguna novedad la previsión de que el auto por el que se plantee la cuestión prejudicial acordará la suspensión hasta la resolución del TJUE. Esta suspensión se entiende implícita en el planteamiento de la cuestión», explican desde el despacho de abogados Gómez-Acebo y Pombo.

Aunque el ministro de Justicia, Félix Bolaños, subraya que Bruselas exige a España esta modificación legal para entregar nuevos fondos europeos, lo cierto es que actualmente ya se opera así en la práctica. Una cuestión prejudicial suspende temporalmente un procedimiento.

Por otra parte, magistrados del Supremo, que ya han trasladado cuestiones prejudiciales al TJUE, subrayan la importancia de que un juez plantee una cuestión prejudicial si lo ve necesario. Si no lo hace o no espera a la resolución de una cuestión en trámite y por su propia iniciativa entra a decidir el fondo del asunto podría acarrear para el Estado miembro desde una condena por responsabilidad patrimonial por daños derivados del incumplimiento del Derecho de la Unión hasta la estimación de un recurso de incumplimiento en la UE contra ese país.

Suspensión de otras causas

Si bien la causa del Supremo contra los líderes independentistas de Junts, ERC y movimientos sociales se quedaría en suspenso por el funcionamiento del TJUE, los expertos no coinciden en qué pasa con otros juicios ligados al procés. Varias voces consultadas hablan de «laguna» y que es cada juez el que tiene discrecionalidad para esperar a la respuesta de TJUE o no. No obstante, con el objetivo de no dictar una sentencia que sea contraria a la doctrina comunitaria, los jueces «no tienen prohibido» suspender sus casos temporalmente.

En relación con los casos al margen del Supremo, el decreto ley de Sánchez sí blinda la suspensión de los mismos si se está tramitando una cuestión prejudicial sobre ese mismo tema. Si sale adelante la medida de Sánchez, «cuando se encuentre pendiente ante el TJUE una cuestión prejudicial directamente vinculada con el objeto del litigio de que conoce un tribunal, si el tribunal estima necesaria la decisión del TJUE para resolver el litigio, podrá suspender motivadamente el procedimiento». En este ámbito se encuentra la causa que investiga la Audiencia Nacional contra el grupo violento Tsunami y decenas de casos judiciales en Cataluña ligados al procés: desde el ataque a guardias civiles a la colocación de pancartas, pasando por escraches a políticos y los boicots a carpas de universitarios.

Causa en el Supremo

Aunque los condenados por el Supremo han sido indultados, con la amnistía pretenden que se borre todo reproche penal que recibieron tras esa sentencia. Además, los políticos que se exiliaron esperan que se amnistíen sus hechos para poder regresar a España.

En todo caso, Junts se agarra a que la Ley de Amnistía que se tramita en las Cortes fija la obligación de que los jueces apliquen la amnistía «en el plazo máximo de dos meses, sin perjuicio de los ulteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos».

Más de 500 prejudiciales al año

El TJUE, según sus últimas estadísticas, resuelve del orden de 500 cuestiones prejudiciales al año. Suele tardar más de un año en pronunciarse desde que le llega un caso. Fuentes de este tribunal comunitario con sede en Luxemburgo explican que ya han recibido denuncias de particulares contra la Ley de Amnistía, pero, según sus normas, sólo pueden atender consultas de jueces nacionales cuyas decisiones no sean recurribles en otro organismo judicial en ese país. Esos recursos de personas anónimas se están remitiendo a la Comisión Europea para que, si así lo considera, desde el Poder Ejecutivo de la UE tome alguna determinación.