La chapuza de las pulseras provocó un aumento del 50% de quebrantos de órdenes de alejamiento

El Gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido que los quebrantamientos de las órdenes de alejamiento alcanzaron su peor cifra cuando se produjo la chapuza con las pulseras telemáticas del Ministerio de Igualdad, entonces encabezado por la podemita Irene Montero y ahora por la socialista Ana Redondo. Es decir, el año en el que entró en vigor el nuevo contrato de dispositivos telemáticos hubo un 50% más violaciones de las medidas de protección. Los errores en esa adquisición provocaron la «desprotección» de las víctimas, como admitió la Memoria de la Fiscalía General del Estado.

Los diputados de Sumar Engracia Rivera y Enrique Santiago, líder del Partido Comunista, presentaron en junio una pregunta para respuesta por escrito del Gobierno sobre la protección de las víctimas de violencia de género. Concretamente, pretendían conocer el número total de órdenes de alejamiento y número de denuncias por quebrantamiento de órdenes de alejamiento en el periodo entre 2020 y 2024.

Además, preguntaron por cuál era el «protocolo específico» y las «medidas que se activan cuando una víctima de violencia de género denuncia de forma reiterada el quebrantamiento de una orden de alejamiento por parte del agresor».

En su respuesta por escrito, el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska respondió con el número de «infracciones penales conocidas» en cuanto al «quebrantamiento de orden de protección y alejamiento» en los últimos años. Y son los siguientes:

• 2020: 15.918.
• 2021: 17.182.
• 2022: 20.414.
• 2023: 23.121.
• 2024: 23.890.

Interior incluso se jactó en ese documento de que la «sustitución de los dispositivos telemáticos de control» a través de un nuevo contrato permitió «reforzar la vigilancia y el control del cumplimiento de las órdenes de alejamiento». Sin embargo, los datos reflejan una realidad bien distinta.

Chapuza de Igualdad con las pulseras

Y es que el nuevo contrato para la gestión de las pulseras antimaltrato generó un problema técnico que ha afectado directamente a la protección de las víctimas de violencia de género. El paso de una empresa a otra ha provocado que la información anterior –que se encuentra cifrada– no se haya traspasado correctamente a las nuevas bases de datos.

La Fiscalía documentó en su memoria correspondiente a 2024 «múltiples fallos» detectados con estos dispositivos telemáticos de pulseras antimaltrato. El Centro Cometa informó «reiteradamente» a los juzgados de que no pueden facilitar información anterior al 20 de marzo de 2024, fecha en que finalizó la migración a los nuevos dispositivos.

Esta anomalía produce consecuencias tanto en la fase de instrucción ante los juzgados de Violencia sobre la Mujer como en la fase de enjuiciamiento. En el juzgado de lo Penal «se impide que el legal representante del centro de control pueda responder a las preguntas relativas a cualquier incidencia anterior a la fecha indicada», lo que «en muchos casos aboca a una sentencia absolutoria». La Fiscalía General del Estado reconoció que esta situación ocasionó sobreseimientos provisionales y absoluciones de maltratadores.

Las fiscalías de Madrid, Gerona, Granada y Tenerife han alertado específicamente de «problemas de descarga de la información del anterior proveedor de servicios». Además, avisaron a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género «para que se procediera a su solución, ante la potencial desprotección de las víctimas».

No fue el único problema. Los dispositivos de control que compró Igualdad también demostraron ser tan deficientes que hasta los propios maltratadores confesaron que podían quitárselos «perfectamente», según declaró uno de ellos ante un juez.

La situación era tal que Igualdad admitió en febrero de 2025 la necesidad de «mejorar la vigilancia electrónica» para la protección de las víctimas de violencia de género. Sin embargo, no tomó ninguna medida al respecto hasta que OKDIARIO destapó el escándalo de los problemas de funcionamiento de las pulseras antimaltrato, que provocaron la «potencial desprotección» de las mujeres.

Así consta en las medidas para la renovación del Pacto de Estado en materia de violencia de género. Se trata de un documento de más de 400 medidas, aprobadas por el Congreso de los Diputados en febrero con una amplia mayoría, ya que todos los partidos votaron a favor, excepto Vox.