Celaá dice que es «obligación» del Gobierno de Sánchez negociar con el «soberanismo catalán»

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Isabel Celaá, ministra de Educación.

Una «obligación». Así ve la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, la negociación que está llevando a cabo el PSOE con el separatismo para lograr la investidura de Pedro Sánchez. Así se ha mostrado en una entrevista publicada por el Diario Vasco al ser preguntada sobre si «el Gobierno está cómodo negociando con el soberanismo catalán».

«Es su obligación. Negociar no es renunciar a los principios. La tarea de la política es, efectivamente, encauzar las diferencias, las discrepancias, a través del diálogo y asentarlas en una convivencia pacífica», responde la portavoz del Gobierno en funciones.

Isabel Celaá dice que no hay que aislar a los independentistas y que hay que negociar con ellos porque son parte del panorama político. Además dice que ellos necesitan hablar también: «ERC y el soberanismo catalán necesitan también conversar con el resto. ERC existe y el PDeCAT existe. ¿Debemos aislarlos o debemos conectarlos? Nosotros estamos en la conexión».

Respecto a la investidura, sostiene que «será pronto». «Habrá investidura y habrá Gobierno», recalca antes de señalar que «se trabaja» para que todo esto se produzca «cuanto antes», al tiempo que descarta «radicalmente» la posibilidad de unas nuevas elecciones generales.

Sobre las negociaciones con ERC, insiste en que van «por sus cauces» ya que «continúan y van razonablemente bien». «Lo que pasa es que cada cual tiene sus ritmos. Hay fuerzas políticas que tienen ritmos distintos a otras y más complejidad en su interior para trabajar o confirmar voluntades», explica.

En cuanto a las alegaciones ante el Tribunal Supremo a la sentencia de Luxemburgo sobre la inmunidad del líder de ERC encarcelado, Oriol Junqueras, Celaá recalca que la Abogacía del Estado «es lo suficientemente experta y profesional como para no dejarse condicionar de ninguna de las maneras».

La portavoz alude igualmente al proyecto de reforma estatutaria del País Vasco, para asegurar que «tendría mucho más recorrido para ser aprobado en las Cortes Generales» si se «sacara el derecho a decidir» de esta iniciativa.

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