La Fiscalía confirma la rebelión: los golpistas propiciaron «enfrentamientos violentos y agresivos»

La Fiscalía relata los hechos acaecidos en Cataluña antes y después del referéndum ilegal del 1 de octubre para justificar la calificación de rebelión asegurando que los procesados propiciaron un «violento y agresivo enfrentamiento» entre las fuerzas policiales y las masas congregadas.

Según el Ministerio Público, «como consecuencia del llamamiento que efectuaron los acusados, con anterioridad a las 6 horas del día 1 de Octubre, y en muchos casos a lo largo del fin de semana, una masa organizada de personas, convocadas a tal fin por los acusados, ocuparon los colegios electorales, encerrándose en los mismos con la finalidad de ofrecer resistencia a la actuación que había sido acordada por orden judicial».

«El auxilio y la colaboración de los Mossos d’Esquadra fue determinante para la celebración del referéndum y la producción de los graves sucesos que finalmente acaecieron, pues lejos de cumplir el mandato judicial al que venían inexcusablemente obligados por imperativo legal, optaron por sujetarse a las directrices de los responsables políticos de la Generalitat, poniendo a disposición de los mismos y de sus ilegales propósitos secesionistas todo el poder coactivo que representaba un cuerpo policial armado y muy numeroso en efectivos (unos 17.000 miembros aproximadamente)».

Al constatarse fehacientemente que los Mossos d’Esquadra estaban incumpliendo palmariamente la orden judicial, los efectivos de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía desplazados a tal efecto recibieron instrucciones de trasladarse a los centros de votación más importantes, llegando a producirse numerosas situaciones de tensión, enfrentamiento y violencia ante la actitud resistente y contumaz de los cientos de personas que habían ocupado los mismos.

El violento y agresivo enfrentamiento propiciado actuación policial por la masa de personas congregadas en los diversos colegios electorales, que actuaron a modo de muro humano, incluyó actos de agresión causantes de lesiones, lanzamiento de objetos, vallas metálicas y piedras, insultos, y resistencia grave al cumplimiento del mandato judicial por las fuerzas policiales.

En el transcurso del día y en el contexto de la intervención de los cuerpos policiales resultaron con lesiones numerosos agentes y ciudadanos. Por estos concretos hechos se siguen diferentes causas penales en distintos Juzgados de Instrucción de Cataluña.

Como quiera que la celebración de la jornada del 1-0 era pieza esencial en el proceso de declaración de independencia, los acusados asumieron continuar con la estrategia de incumplir el mandato judicial, quebrantar la legalidad, y celebrar a toda costa la citada jornada valiéndose para ello de la población civil.

La decisión se adoptó pese a que contaron no solamente con la experiencia de los actos violentos que sucedieron el día 20 de septiembre en el registro de la sede de la Vicepresidencia de la Generalitat, y en otros registros practicados, sino también de los restantes incidentes violentos producidos, unos previos y otros posteriores; y muy singularmente con la información recibida en la reunión que los acusados Junqueras y Forn, junto a otro de los procesados rebeldes, mantuvieron en la tarde del 28 de Septiembre con los mandos policiales de los Mossos d’Esquadra, en la que éstos les aconsejaron la suspensión de la votación.

Los acusados siguiendo el plan inicialmente trazado rechazaron, pese a la advertencia de sus mandos policiales, paralizar la jornada y poner término al proceso ilegal que propiciaba el riesgo de violencia en la calle, dando al mando de los Mossos d’Esquadra la indicación de que el referéndum debía celebrarse en todo caso; el mando del CME elaboró y distribuyó en fecha 29-9 un documento titulado «Pautas de Actuación para dar cumplimiento a las órdenes dadas por el TSJC en el marco de las diligencias previas 3/2017», en el que -alegando la necesidad de actuar conforme a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad- se impartían instrucciones que, en realidad, neutralizaban por completo el cumplimiento de la orden judicial dictada por el TSJC.

Inexplicablemente las pautas de actuación dictadas por la Prefectura de los Mossos d’Esquadra fueron dadas a conocer públicamente, lo cual sirvió de base para que, desde plataformas digitales, apoyadas por los acusados Sánchez y Cuixart, con el pleno respaldo de los acusados miembros del Gobierno antes citados y de Carmen Forcadell, se incitara reiteradamente a los ciudadanos a que ocuparan los centros de votación la víspera o bien desde las 5.00 AM del 1-0.

El dispositivo del CME movilizó unos 7.000 agentes, cuando en jornadas electorales normales eran movilizados unos 12.000. Las fuerzas policiales se repartieron de manera ineficaz, las pautas de actuación previstas eran manifiestamente dilatorias y tolerantes con la votación, además de incumplir deliberadamente los acuerdos alcanzados en las reuniones previas de coordinación mantenidas con las autoridades judiciales.

En la práctica, en casi todos los casos las parejas de Mossos permanecieron absolutamente pasivas y sin intervenir en los centros, incluso en algunos centros de votación fue la propia dotación de los Mossos d’Esquadra la que se enfrentó con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para impedir que estos clausuraran el centro.

También se ha acreditado la existencia de efectivos de Mossos d’Esquadra que vigilaban los movimientos de las Unidades del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, su salida de los lugares donde estaban concentrados y prevenían de su llegada a los centros de votación. La Prefectura de los Mossos transmitió como instrucción prioritaria el envío de la información relativa a los movimientos y desplazamientos que hicieran las Unidades del CNP y de la Guardia Civil a lo largo de toda la jornada.