Puigdemont dejó sin pagar 2.000 millones a proveedores mientras destinaba recursos al 1-O

Carles Puigdemont
Carles Puigdemont, ex presidente catalán.
Carlos Cuesta

El Govern de Carles Puigdemont dejó a deber 2.000 millones de euros en facturas a proveedores mientras destinaba recursos al 1-O. La entrada del 155 ha desatascado el tremendo desastre interno montado por la Generalitat en el año previo al golpe.

Un desastre que afectaba a acuerdos de servicios básicos bloqueados desde hacía meses en materias tan elementales como limpieza, vigilancia o seguridad. Y una parálisis en actos de pura gestión necesarios para el funcionamiento diario en materias como la Justicia, la Educación, la Sanidad o hasta el pago de las pagas extra de los empleados públicos catalanes, que habían quedado frenados porque el Govern, literalmente, había aparcado el día a día de cualquier administración para centrarse únicamente en su objetivo golpista.

La información del trabajo realizado en Cataluña por los equipos del 155 comandados por el Gobierno -a la que ha tenido acceso OKDIARIO- ha puesto a la luz la magnitud del desastre organizado por Puigdemont y sus consellers.

A la entrada del 155 los acuerdos diarios de gestión en materia de Justicia mostraban un descenso interanual del 46%. En Educación, del 26%. En Sanidad, del 28%, y en Asuntos Sociales, del 30%. El Consejo de Gobierno no había aprobado ningún acuerdo sobre Seguridad en los últimos dos meses. Tan sólo aprobó un acuerdo sobre Justicia en los últimos tres meses y uno sobre Educación en los últimos dos meses.

El Govern que hablaba del “España nos roba” había dejado sin pagar subvenciones desde hacía cuatro años, mantenía un bloqueo generalizado de convenios y un freno a la liquidación de ayudas. Eso sí, todo ello, de entidades o proyectos no separatistas. Puigdemont había dejado a deber a los empleados públicos catalanes parte de la paga extra de 2012 y enteras las de 2013 y 2014.

Desde la entrada del 155, por el contrario, se han celebrado 25 Consejos de Ministros, convocados al amparo del artículo 155 CE, que han permitido aprobar 220 acuerdos relativos a Cataluña. Y se han gestionado pagos atascados por 8.000 millones de euros, de los que más de 2.000 han ido destinados a proveedores y más de 1.000 a entidades locales. Todo ello, para volver a poner a pleno rendimiento los servicios básicos y los niveles exigibles de asistencia social.

Entre las cuestiones paralizadas se encontraba, por ejemplo, la contratación del servicio de terapias respiratorias a domicilio en el ámbito de Cataluña, o la compra de servicios sanitarios ‘atención hospitalaria de agudos’, las mejoras en el Hospital de La Vall d´Aran.

Con el 155 igualmente se ha podido incrementar la contratación de servicios de visitas médicas especializadas y pruebas complementarias y se ha desbloqueado el procedimiento para la contratación, por importe de 40,6 millones de euros, de los servicios de cocina y cafetería en hospitales.

Un desbloqueo del desastre previo que se repite en los distintos departamentos básicos. Porque en Educación, por ejemplo, se han convocado 2.000 plazas para maestros y profesores, después de siete años sin ninguna convocatoria de acceso a la función pública docente de Cataluña, se han renovado los conciertos educativos de las etapas de Infantil y Secundaria. Se han concedido nuevas ayudas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Y se han desbloqueado las becas de carácter general para estudios postobligatorios.

También se han aprobado proyectos de mejora o inversión en escuelas como la de Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat, en el instituto Montsoriu de Arbúcies, el Instituto Leonardo Da Vinci de Sant Cugat del Vallès, o en la escuela Sant Llàtzer de Tortosa.

Todo ello sin contar con el lanzamiento del programa 2017-2019 de servicios sociales, bienestar social y políticas de igualdad; las subvenciones -por importe de 10,5 millones de euros- para la inserción laboral de las personas con discapacidad; o el lanzamiento del programa de subvenciones en los centros especiales de empleo, para el año 2018, por un importe total de 34 millones de euros, centrado en el apoyo a personas con discapacidad de especial dificultad contratadas en los centros especiales de empleo y en el fomento de la integración laboral de personas con discapacidad igual o superior al 33%, contratadas en centros especiales de empleo.

La lista de acciones del 155 en materia de gestión diaria a la que accedido este diario es literalmente interminable. Tan interminable como impresentable el número de frenos y bloqueos a la labor diaria generados por el Govern de Puigdemont. Un Govern que no dejaba de culpar a su país   -España- de sus males, y que había decidido olvidar a los catalanes a cambio de organizar su golpe de estado separatista.

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