‘Los Jordis’ piden su libertad porque «no hay riesgo de reincidencia» con la aplicación del 155

Las defensas de los líderes de ANC y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, han defendido hoy en la vista celebrada ante la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional que «ya no hay riesgo de que vuelvan a delinquir al haberse consumado la declaración de independencia y aplicado el artículo 155 de la Constitución».

En la vista, el fiscal del caso ha pedido que se les mantenga en prisión provisional tras ser encarcelados desde el pasado 16 de octubre por orden de la juez Carmen Lamela por un delito de sedición en la prisión de Soto del Real.

Los abogados de Sànchez y Cuixart, Jordi Pina y Marina Roig, han alegado ante la sala que el argumento de la juez de enviarles a prisión por miedo a que volvieran a delinquir ya no se sostiene después de que el Parlament aprobara la DUI y el Gobierno aplicara luego el artículo 155.

«Hemos alegado que las circunstancias en Cataluña han cambiado desde el momento en que su señoría acordó la prisión porque es conocido por todo el mundo que estando Jordi Sànchez en prisión se han sucedido una serie de hechos en los que él no ha tenido ninguna participación, como fue lo ocurrido en el Parlament y luego la aplicación del 155», ha dicho Pina a los periodistas tras la vista.

A su juicio, «el escenario político es muy diferente, es un argumento que cae por su propio peso», y lo ocurrido en las últimas semanas dificulta mucho «seguir manteniendo la tesis de que puede realizar alguna actuación de reiteración delictiva».

Los abogados han afirmado también que no existe riesgo de fuga, puesto que sus defendidos se presentaron cuando fueron llamados a declarar, y han destacado que, de hecho, ambos se encontraban en la prisión madrileña de Soto del Real cuando el pasado 27 de octubre se declaró la independencia.

En cuanto a su participación en la concentración frente a la Consejeria de Economía el día 20 de septiembre cuando una comisión judicial procedió a su registro, los letrados han aportado grabaciones y material gráfico de esa noche donde muestran que Sànchez y Cuixart «no impidieron la salida de la comitiva judicial, sino que, al contrario, la facilitaron».

Los letrados también han recurrido en la vista la competencia de la Audiencia Nacional para conocer de estos hechos y han aportado para ello autos del juez de instrucción 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del 1-O, en los que ordenó intervenciones telefónicas y diligencias como el registro a la Consejeria el día 20.

Sànchez y Cuixart pidieron al tribunal poder estar presentes en la vista del viernes, pero la sala se lo denegó porque en esas comparecencias nunca se cita a los presos.

El auto que les mandó a prisión

La juez les envió a prisión al asignarles el papel de «promotores y directores» de las concentraciones del 20 de septiembre frente a la Consejeria de Economía, ya que ambos se mantuvieron al frente «durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes».

Lamela destacaba en su auto de prisión también que el 1 de octubre, desde las mismas cuentas de WhatsApp utilizadas para promover el asedio a los agentes de la Guardia Civil que acompañaban a la comitiva judicial en Economía, «realizaron llamadas a los participantes animándoles a permanecer en los colegios y presentar resistencia a las autoridades policiales».

Con todo ello, según la juez, pretendían «impulsar y asegurar la celebración del referéndum ilegal de independencia y con ello la proclamación de una República catalana, independiente de España, contraviniendo con ello la Constitución».