Iglesias hablará ahora con las autonomías para evitar rebrotes en las residencias tras casi 20.000 muertos

La dramática cifra de fallecidos en residencias de mayores españolas sobrepasa los 19.500, según los últimos datos proporcionados por las comunidades autónomas y recogidos por RTVE. Unas residencias que han estado bajo la responsabilidad del vicepresidente social, Pablo Iglesias, según él mismo admitió en la rueda de prensa del día 19 de marzo.

Tras las críticas de consejeros de Sanidad de distintas comunidades autónomas por ponerse de perfil en los momentos más duros de la crisis pandémica del covid-19 pese a ostentar el mando único en estas residencias, al fin mañana jueves se reunirá con ellos.

El mismo consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, calificó de «miserable» la actuación del vicepresidente Pablo Iglesias respecto a las residencias, dado que era «responsable a nivel nacional» pero «se borró de lo que pasaba en los centros para luego criminalizar un día sí y otro también a este Gobierno y a sus profesionales».

Recordemos que también la patronal de geriátricos trató al menos en cinco ocasiones contactar con Pablo Iglesias, según ha reseñado la citada asociación.

Pablo Iglesias, propondrá este jueves a las comunidades autónomas la creación de un grupo de trabajo, en el que participen las propias autonomías, expertos y agentes sociales para analizar las medidas de prevención necesarias para evitar posibles rebrotes del coronavirus en las residencias de mayores.

Créditos

Así lo planteará Pablo Iglesias en la reunión del Consejo Territorial, que no contemplaba este asunto en el orden del día, al que ha tenido acceso EP. La reunión se había convocado para abordar el reparto del 0,7% del IRPF y los criterios de distribución de los créditos que se destinan a la financiación de ciertos planes y programas sociales para 2020.

Sin embargo, según han confirmado a EP fuentes del departamento de Iglesias, en el Pleno del Consejo Territorial de este jueves se propondrá además la convocatoria inmediata de una Comisión Delegada del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para crear un grupo de trabajo con representación de la Vicepresidencia de Derechos Sociales, todas las comunidades autónomas, personas expertas y agentes sociales.

El objeto de este órgano será «analizar de forma conjunta la situación de las residencias y proponer cuantas medidas de coordinación se consideren necesarias para prevenir posibles rebrotes de la epidemia», han señalado las citadas fuentes, que han agregado que esta propuesta es una iniciativa tanto de la Vicepresidencia como de varias comunidades, entre ellas, Extremadura.

La crisis provocada por la pandemia del coronavirus ha afectado especialmente a los usuarios de las residencias de personas mayores, cuya competencia ostentan las distintas comunidades autónomas.

Ante la situación devenida por la pandemia, los empresarios de las residencias han reclamado ayuda a los responsables políticos. Es el caso del secretario general de la Asociación de Empresas y Servicios para la Dependencia (AETSE), Jesús Cubero, quién aseguró en el Congreso que denunciaron desde «hace años» las deficiencias puestas en evidencia en el sector.

Asimismo, pidió a los diputados que dejaran de «mantener discusiones políticas que irritan a los ciudadanos» y actúen para evitar repetir esta situación. «No podemos permitirnos el lujo de que un rebrote en otoño nos pille discutiendo y sin coordinación», avisó.

En la misma línea, la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPS), Cinta Pascual, aseguraba en una entrevista en TVE, que no quieren «reproches», sino que «no vuelva a pasar» algo semejante, y «preparar el sistema» frente a un posible rebrote del coronavirus. Así, puso de manifiesto que la crisis «no ha terminado aún» y que se necesitan test PCR y que se garantice la asistencia médica.

El 0,7% del IRPF

Por otro lado, en el Consejo Territorial de este jueves se decidirá el porcentaje final que recibe cada comunidad autónoma del reparto del 0,7% del IRPF. Según una nota metodológica de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, a la que ha tenido acceso EP, Andalucía, Cataluña y Madrid recibirían casi la mitad de los fondos.

Así, en el reparto final, Andalucía recibiría 52,35 millones de euros (6,75 millones más que en 2019); Cataluña, 32,78 millones de euros (1,26 millones más), y Madrid, 27,6 millones (1,06 millones más). Les siguen la Comunidad Valenciana, con 21,34 millones de euros (3,21 millones de euros más); y Castilla y León, con 21,16 millones (813.933 euros más).

El asunto del reparto del 0,7% del IRPF llega envuelto en polémica, ya que este año la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha decidido aumentar en cuatro puntos el porcentaje para el tramo autonómico en detrimento del tramo estatal (85,1% frente a 14,9%), un «recorte» que ha sido criticado por las ONG de acción social.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha avisado al Gobierno este miércoles de que con la cantidad asignada este año a las ONG de acción social «no pueden seguir atendiendo la gran demanda de necesidades sociales por parte de los colectivos vulnerables».

En este contexto, la plataforma va a pedir al Ministerio de Derechos Sociales un plan especial de emergencia, así como «fórmulas compensatorias de financiación» ante la crisis del COVID-19. «Está en juego poder atender con calidad y dignidad a estas personas», ha remarcado en una rueda de prensa.

Por su parte, la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha defendido que «todos los sectores del Tercer Sector ven incrementada su financiación» este año. En concreto, ha precisado que la financiación se incrementa en 53 millones de euros, porque se suma una nueva recaudación, la del 0,7% del Impuesto de Sociedades, casilla a través de la cual se han recaudado 33,9 millones de euros adicionales.

Si bien, las ONG de acción social también han protestado por el reparto de esta nueva casilla, la ‘X solidaria de las empresas’, porque creían que iba a ir destinada en exclusiva a ellas y el Gobierno ha decidido dividirla también entre las organizaciones ecologistas y las de cooperación.