Los cadáveres de 80 ilegales tendrán que ser enterrados en España tras negarse Marruecos a hacerse cargo de ellos

Ceuta afronta ahora un nuevo problema derivado de la tragedia del 30 y 31 de julio: qué hacer con los cadáveres que continúan sin identificar y que llevan ya semanas bajo custodia forense. La ciudad tuvo que improvisar una morgue en el antiguo Hospital Militar después de que la avalancha de aquellos dos días desbordara su capacidad ordinaria. La cifra inicialmente comunicada por las autoridades es de 88 fallecidos, aunque distintas fuentes han señalado a este periódico que durante las dos semanas precedentes a esa fecha todos los días aparecían cadáveres en sus aguas.

La situación ha obligado a las autoridades a plantear ya un destino definitivo para los cuerpos que permanecen en las instalaciones del Hospital Militar. La posibilidad de su enterramiento en Ceuta cobra fuerza mientras se mantiene abierta la vía de la repatriación a Marruecos en aquellos casos en los que pueda acreditarse la identidad y exista una solicitud efectiva de traslado.

Equipos forenses

Tras la avalancha, los cadáveres fueron trasladados al antiguo Hospital Militar, donde se habilitaron espacios para su conservación mientras los equipos forenses practicaban las autopsias y recopilaban los datos necesarios para tratar de identificarlos. El Instituto de Medicina Legal tuvo que recibir refuerzos de profesionales procedentes de otros puntos de España para hacer frente al volumen extraordinario de trabajo. Las jornadas se prolongaron durante días y el impacto de la tragedia obligó a los profesionales a trabajar en unas condiciones muy alejadas de la actividad forense ordinaria.

El problema se ha trasladado ahora de la recuperación y la identificación a la decisión sobre el destino de los cuerpos. Las instalaciones llevan semanas soportando una presión excepcional y la legislación de Policía Sanitaria Mortuoria establece, con carácter general, plazos muy inferiores para la inhumación o cremación de los cadáveres. En este caso, sin embargo, la intervención judicial y las circunstancias excepcionales de un suceso con víctimas múltiples permiten mantener los cuerpos bajo custodia mientras se completan las actuaciones necesarias para su identificación.

El Real Decreto 32/2009, que regula la actuación médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples, contempla precisamente la permanencia de los cadáveres no identificados a disposición de la autoridad judicial mientras se realizan las diligencias necesarias. Una vez completadas las actuaciones forenses, corresponde a la autoridad judicial determinar el destino de aquellos cuerpos cuya identidad no haya podido establecerse.

Actuaciones judiciales y forenses

La normativa permite, por tanto, que un cadáver extranjero que no haya podido ser identificado sea finalmente enterrado en España cuando se hayan completado las actuaciones judiciales y forenses y así lo acuerde la autoridad competente. El enterramiento no impide, además, una futura identificación ni, en su caso, la exhumación y posterior traslado conforme a los procedimientos legalmente establecidos.

La repatriación constituye un procedimiento diferente y requiere cumplir los requisitos sanitarios y administrativos establecidos para el traslado internacional de cadáveres. En el caso de Marruecos, además, deben cumplirse los trámites correspondientes entre ambos países, al no ser Marruecos parte del Acuerdo de Estrasburgo de 1973 sobre traslado de cadáveres.

Las autoridades ceutíes están valorando espacios en los cementerios musulmán para los marroquíes y en el cementerio de la ciudad, para los fallecidos católicos, que en este caso podría dar sepultura a los fallecidos que proceden de países del África subsahariana. Aunque todavía no se conoce el informe definitivo de los forenses, las primeras estimaciones sitúan a éstos últimos entre el 20% y el 25% del total, si bien este porcentaje aún no ha sido confirmado oficialmente.

El escenario que se abre es, por tanto, un auténtico limbo administrativo y forense: cadáveres que no pueden permanecer indefinidamente en unas instalaciones cuya capacidad está sometida a una presión extraordinaria, pero cuya repatriación tampoco puede ejecutarse mientras no se completen los trámites y autorizaciones necesarios. Transcurridas ya tres semanas desde la tragedia, Ceuta se acerca así al momento en que deberá decidir el destino definitivo de unos cuerpos que, por ahora, siguen esperando nombre, familia y lugar de enterramiento.