El PP exige a la Junta Electoral que excluya las inscripciones de falsos ‘nietos del exilio’ suspendidas por el Supremo

El Partido Popular ha solicitado a la Junta Electoral Central que excluya del censo electoral todas las inscripciones suspendidas tras el auto del Tribunal Supremo sobre la Ley de Nietos y le ha pedido que lo haga «en un máximo de 18 días» a partir de este martes, cuando se convocan formalmente las elecciones generales del próximo 29 de noviembre vía Boletín Oficial del Estado (BOE).

Para la dirección del PP, la cautelar del Supremo «tiene que aplicarse ya al censo que se utilizará el 29-N, suspendiendo los derechos electorales de los inscritos por la Ley de Nietos, salvo que tengan la certificación consular de exilio, y la Junta Electoral Central (JEC) debe garantizar que esa suspensión se respete en el envío de documentación, en los consulados y en el escrutinio», señalan las fuentes populares.

Por ello, desde la formación de Alberto Núñez Feijóo se ha solicitado información sobre el estado de ejecución de los autos del Tribunal Supremo con respecto a la Ley de Nietos. También han reclamado a la JEC que pida al Ministerio de Asuntos Exteriores la dotación suficiente de medios personales y materiales para dar cumplimiento a dichos autos del Alto Tribunal para el proceso electoral que se abre. De igual modo, los populares han pedido que se traslade la información sobre las instrucciones de la propia JEC a todas las Juntas Electorales Provinciales, a la Oficina del Censo Electoral y a las Oficinas Consulares.

Asimismo, las fuentes del Partido Popular recuerdan la posibilidad de impugnación del censo en aquellas circunscripciones que, en los seis meses anteriores a la convocatoria electoral, hayan registrado un «incremento de residentes significativo y no justificado».

«Transparencia»

El pasado septiembre, el Tribunal Supremo paralizó cautelarmente el voto para las personas ya inscritas en el CERA que consiguieron la nacionalidad a través de la Ley de Nietos y las nuevas inscripciones para preservar «la transparencia del proceso electoral y la confianza de la ciudadanía en sus resultados», ante la «magnitud» del aumento del censo.

En concreto, los nacionalizados a través de la Ley de Memoria Democrática de 2022 (llamada Ley de Nietos) se inscriben luego en el Registro de Matrícula Consular y el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), cuyo espectacular incremento ya está en el punto de mira del Tribunal Supremo. Según los últimos datos facilitados por el Gobierno, hasta el pasado 31 de agosto se había concedido la nacionalidad a 600.684 personas, de las cuales, 369.017 ya tienen derecho a voto.

Y es que hubo una instrucción del Ministerio de Justicia -firmada por Sofía Puente- que extendió extraordinariamente los beneficiarios de la ley, mucho más allá de lo dictado en el texto. La instrucción de Puente, como viene demostrando OKDIARIO, permitió que los descendientes de emigrantes de finales del siglo XIX y principios del XX, es decir, no sólo nietos, sino también bisnietos y tataranietos, solicitasen la nacionalidad española. Emigrantes que, evidentemente, nada tuvieron que ver con la «reparación y justicia» a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, como era la intención original de la Ley de Memoria Democrática que salió aprobada de las Cortes con el apoyo de Bildu.

El Tribunal Supremo ordenó el pasado septiembre a los consulados revisar 170.000 expedientes de nacionalidad. Y también está bajo sospecha la inscripción de los nacionalizados en el censo electoral y la acreditación del municipio elegido.

Por su parte, la Junta Electoral Central (JEC) ha sido emplazada también por el Supremo a reforzar los requisitos, de modo que quienes nunca han residido en España tendrán que acreditar documentalmente su arraigo con el municipio de inscripción a efectos electorales. Aportando pruebas para ello, como el certificado de nacimiento de su ascendiente, su empadronamiento, copia del DNI o cualquier documento que venga a demostrar una vinculación clara con la localidad. Cuatro vocales de la Junta consideran, no obstante, que las garantías siguen siendo insuficientes.