Bolaños oculta 23 informes del PSOE para desvincularse de la ley que excarcela a abusadores sexuales

En plena polémica por la excarcelación de agresores sexuales, el Gobierno mantiene ocultos los informes entregados por los distintos ministerios durante la tramitación de la Ley del sólo sí es sí. Se trata de un trámite preceptivo que permite a los proponentes conocer las objeciones e ir perfilando el texto final. Entre ellos, constan hasta 23 informes de ministerios dirigidos por el PSOE, lo que demuestra la implicación del partido de Pedro Sánchez en la construcción de una norma de la que ahora los socialistas tratan de desmarcarse. Algunos departamentos, como Inclusión, remitieron hasta tres versiones. La mayoría, dos, según ha podido constatar OKDIARIO.

Aunque la fallida norma es una iniciativa de Irene Montero, lo cierto es que hasta tres ministros de Sánchez participaron activamente en su diseño, tal y como se recoge en la memoria del análisis de impacto normativo remitido por Presidencia al Congreso de los Diputados: Justicia -dirigido entonces por Juan Carlos Campo-; Interior -de Fernando Grande-Marlaska- y Política Territorial, en manos de Miquel Iceta. La elaboración del texto no fue, de hecho, un camino de rosas y propició serios desencuentros entre los socios de la coalición, insultos incluidos. El entonces vicepresidente Pablo Iglesias cargó contra Campo tachándole de «machista frustrado» por sus objeciones técnicas -llegó a corregir buena parte del articulado por «tipos penales inexistentes» o «excesos doctrinales»-, que estaban retrasando la aprobación más de lo deseado por los morados.

PSOE y Podemos se pusieron sin embargo de acuerdo para aprobar el texto y darle énfasis. El 6 de julio de 2021 la reunión del Consejo de Ministros alumbró el anteproyecto, que luego inició el trámite parlamentario. Obvia decir que esa reunión estaba presidida por Sánchez y que el propio presidente socialista celebró la medida: «Hagamos de nuestro país un lugar más libre y seguro para las mujeres. Con la ley del sólo sí es sí protegemos su derecho a la libertad sexual y continuamos trabajando para erradicar la violencia contra ellas. Construyamos una sociedad donde todas/os vivamos sin miedo y en igualdad». 

«Acierto»

Ahora, y en plena polémica por las decisiones judiciales que han supuesto la rebaja de penas a los delincuentes sexuales, el Gobierno oculta las aportaciones que sus departamentos hicieron a la norma. Estos textos no fueron remitidos al Parlamento durante la tramitación de la ley, pese a tratarse de un trámite obligado para que los diputados puedan conocerlos antes de la votación. Según consta en la memoria, se solicitó opinión a todos los ministerios «para garantizar un mayor acierto de la norma». A lo largo de 2020 se recibieron todos, a excepción del de Defensa. Un año después, meses antes de la aprobación en el Consejo de Ministros, se volvió a requerir un nuevo informe a estos departamentos. Interior, Universidades, Inclusión, Asuntos Económicos, Educación, Derechos Sociales, Hacienda, Política Territorial, Justicia e Igualdad entregaron su versión definitiva. Los últimos se recabaron apenas dos meses antes de la reunión del Gobierno para darle el visto bueno definitivo.

Durante la tramitación se consultó además a las comunidades autónomas. Diez remitieron sus aportaciones (Valencia, Baleares, Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco, Galicia, La Rioja y Extremadura). Esos informes tampoco constan en la documentación remitida al Congreso. Sí el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que advertía sin paliativos que la reducción de las penas podría «tener el efecto de desprotección de las víctimas».

Pese a la implicación de sus ministerios, Sánchez intenta ahora alejarse del foco de la polémica, descargando la responsabilidad única en Podemos. El presidente ha observado estos días desde Bali, en un perfil bajo, cómo los abusadores sexuales salían de la cárcel. Ello no le ha impedido, no obstante, avalar por ahora la reforma, que ha definido como «una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país, una ley de vanguardia».

Dentro del PSOE, también en el Gobierno, cada vez más voces piden una revisión para evitar males mayores. Entre ellos, varios presidentes autonómicos, como Guillermo Fernández-Vara o Emiliano García-Page. De momento, Sánchez ralentiza los tiempos. De momento, públicamente, insiste en que los tribunales y la Fiscalía deben «unificar» doctrina. Pero, a las puertas de un ciclo electoral decisivo, no se oculta que este asunto genera evidente preocupación. El daño, no obstante, es ya irreparable. Una modificación más severa no impedirá que los casos sigan revisándose con la ley más favorable.