Bildu, clave en la Ley de ‘Memoria’ de Sánchez, pide un impuesto para «reparar» a las víctimas de Franco

El Gobierno ha salvado la llamada Ley de «Memoria Democrática» tras pactar varias enmiendas con Bildu. Entre ellas, se incluye el reconocimiento a la «reparación» económica de las víctimas, una de las grandes novedades del nuevo texto. Esta medida abre la puerta a devoluciones millonarias por los bienes y dinero incautados durante el franquismo. Aunque no existe un cálculo fidedigno, las asociaciones de afectados suelen remitirse a un informe del Banco de España que lo eleva hasta los 3.000 millones de euros. En sus enmiendas, el partido de Arnaldo Otegi plantea incluso que esas indemnizaciones se paguen, 80 años después del fin de la Guerra Civil, con un nuevo impuesto que estaría dirigido a quienes «se vieron beneficiados por procesos de expolio, robo o trabajos forzados».

La medida se incluye en una de las enmiendas registradas por la formación proetarra a la nueva norma del Gobierno y, aunque no ha sido plasmada en el texto final, sí da cuenta de las exigencias de Bildu, partido decisivo para que Sánchez pueda sacar adelante esta ley.

Fondo

Esa medida se articularía a través de lo que Bildu denomina «fondo para la indemnización y restitución económica y asunción de la responsabilidad de las administraciones públicas». El partido insta al Gobierno a, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, presentar en el Congreso un proyecto de ley para constituir este fondo que se alimentaría, además de por fondos públicos, por «la imposición de cargas, impuestos o sanciones a organizaciones, empresas o capitales privados respecto a las que se constate que utilizaron los trabajos forzados en su beneficio, así como quienes se lucraron de bienes expoliados, incluyendo las obras de arte, el papel moneda u otros signos fiduciarios depositados por las autoridades franquistas».

Además, Bildu añade que ese fondo «se empleará para la indemnización y restitución económica por medio de los expedientes administrativos que se determinen».

«En otros procesos transicionales y de reconocimiento y reparación, incluida la indemnización económica a las víctimas se impusieron también gravámenes económicos a quienes se vieron beneficiados por procesos de expolio, robo o trabajos forzados», justifican desde el partido. Así, prosiguen, «siguiendo esas experiencias, ponemos sobre estos capitales públicos, privados o familiares una carga que permita recaudar fondos desde los que enfrentar dichos procesos indemnizatorios».

Indemnizaciones

Sánchez ha acabado incorporando a la Ley de «Memoria» algunas de las reivindicaciones clave de los socios que le mantienen en La Moncloa, como el reconocimiento del «derecho a la reparación integral» de las víctimas, lo que incluye las correspondientes indemnizaciones económicas.

Así, en función de lo pactado con Bildu, Más País y el PDeCAT, el Gobierno deberá designar en un año una comisión técnica que ponga sobre la mesa «medidas de reparación de carácter económico para las víctimas de la Guerra y la dictadura», pronunciándose «sobre el grado de cobertura alcanzado hasta ese momento y los déficits subsanables».

Además, otra enmienda pactada con el partido de Íñigo Errejón y los separatistas catalanes reconocen el «derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa.

El Gobierno se ha comprometido en este punto a promover «las iniciativas necesarias para la investigación de las incautaciones producidas» y a realizar «una auditoría de los bienes expoliados» en este período «así como la imposición de sanciones económicas en aplicación de la normativa de responsabilidades políticas». Esta auditoría incluirá un inventario de bienes y derechos incautados.