Batet crea una oficina de delaciones para perseguir el «acoso verbal» o los «chistes» de condición sexual

El Congreso de los Diputados, presidido por la socialista Meritxell Batet, contará a partir de ahora con una oficina de delaciones para perseguir, entre otras conductas, el «acoso verbal» o los «chistes» sobre la condición sexual. Así aparece recogido en el llamado Protocolo de actuación frente al acoso sexual, al acoso por razón de sexo y frente a todas las formas de acoso y violencia en las Cortes Generales, aprobado por las Mesas del Congreso y el Senado en su reunión conjunta del día 21 de septiembre de 2021. Un texto -derivado del Plan de Igualdad puesto en marcha el año pasado- al que se sólo se opuso el representante de Vox, Ignacio Gil Lázaro, vicepresidente cuarto de la Cámara baja.

En concreto, el citado protocolo señala que se considerarán constitutivas de «acoso sexual» conducta como «observaciones sugerentes y desagradables, chistes o comentarios sobre la apariencia o condición sexual del trabajador o trabajadora, gestos obscenos y abusos verbales». Asimismo, el documento también incluye aquellos «comentarios despectivos acerca de las mujeres y, en general, comentarios sexistas sobre mujeres u hombres basados en prejuicios de género».

El citado protocolo contempla que dentro de las unidades especializadas en igualdad de las Secretarías Generales del Congreso de los Diputados y del Senado se designará a la persona o personas que ejercerán las funciones de una «asesoría confidencial», encargada de tramitar un procedimiento solución y de «asesorar y apoyar» a la presunta víctima.

El procedimiento se inicia con la presentación de una «queja verbal o escrita», que puede ser realizada, dice el documento,  por la persona afectada por conductas discriminatorias o «por cualquier persona que preste servicio en las Cortes Generales que tuviera conocimiento de dichas conductas», es decir, por supuestos delatores que podrían no estar en lo cierto, malinterpretar determinadas palabras o buscar ciertos intereses.

«Máxima confidencialidad»

Los citados asesores, que tendrán la obligación de guardar la «máxima confidencialidad» en relación con los casos en que puedan intervenir, recopilarán información sobre la queja presentada y se pondrán en contacto con la persona señalada, que podrá «guardar silencio ante la queja, dar la explicación que estime oportuna o manifestar su oposición a la queja».

Tras ello, reza el protocolo, «el asesor o asesora confidencial comunicará su resultado a la persona que ha presentado la queja transmitiéndole en su caso la explicación que haya dado la persona a quien se dirige la queja, concluyendo así el procedimiento especial de solución».

En el caso de que el resultado no sea satisfactorio, prosigue el documento, «para la persona afectada o, a juicio de la asesoría confidencial, los hechos revistan carácter de conducta sancionable, informará a la persona interesada de la posibilidad de iniciar el procedimiento disciplinario o penal y elevará, en caso de que aprecie indicios de conductas de acoso o discriminación tipificadas como faltas disciplinarias, un informe a quien ostente la Secretaría General de la Cámara de que se trate».

«Imagen equívoca»

Por parte de Vox, el vicepresidente cuarto del Congreso y diputado por Valencia, Ignacio Gil Lázaro, se opuso a este protocolo subrayando que «establecer un procedimiento de este tipo da una imagen equívoca de la institución cuando en una encuesta realizada a los funcionarios y funcionarias con carácter previo a la aprobación del Plan de Igualdad éstos manifestaron que nunca se han sentido discriminados ni acosados por hechos de esta naturaleza».

Ignacio Gil Lázaro se refirió así a la documentación que acompaña al llamado I Plan de Igualdad de las Cortes Generales, que fue aprobado por Congreso y Senado en marzo de 2020. Una encuesta interna, supervisada por la Comisión Paritaria que integra a representantes de la Administración, de la Junta del Personal de las Cortes y de los Comités de Empresa del personal laboral, reveló que el 54% de las mujeres y un 65% de los hombres consultados no creen que en las Cortes Generales se den o se hayan dado casos de acoso moral, sexual y/o por razón de sexo, porque «el clima es muy igualitario».

«No hace falta un Plan de Igualdad, sino un Plan de Modernización y Conciliación que incorpore nuevos procedimientos en beneficio de la eficacia del trabajo y de las mejores condiciones laborales para las trabajadoras y trabajadores de la Institución», reclamó el diputado del partido de Santiago Abascal a Meritxell Batet. PSOE y Podemos tienen la mayoría en la Mesa del Congreso.