Aumentan un 29% las irregularidades en los contratos del Gobierno y se dispara el fraude con fondos UE

La Intervención General del Estado, que depende del Ministerio de Hacienda, ha registrado un incremento considerable del número de contratos analizados en los que localiza irregularidades, es decir, detecta «reparos» por fallos diversos de tramitación. En 2020 y 2019 se detectaron errores en el 2,75% de los contratos analizados. En 2021, como consta en la memoria anual de ese organismo oficial que desvela OKDIARIO, esta cifra ha aumentado hasta el 3,54%.

El número total de expedientes fiscalizados por las intervenciones delegadas en los 23 ministerios de Pedro Sánchez aumentó en 2021 hasta los 141.815 (26.855 contratos de servicios, 3.375 contratos de obras, 12.991 acuerdos marcos, 9.051 contratos menores, 16.727 subvenciones no nominativos, etc.). De estos expedientes, fueron objeto de reparo y suspensión en su tramitación un total de 5.027, lo que representa un 3,54% del total.

Además, se han realizado 2.796 observaciones complementarias, como contempla la Ley General Presupuestaria, que carecen de efecto suspensivo. Han afectado al 1,97% de los expedientes fiscalizados. Estas apreciaciones también han crecido en comparación a ejercicios previos. Ha pasado del 1,33% de los expedientes analizados en 2019, al 1,61% en 2020 y al 1,97% en 2021.

Fraude UE

Por otra parte, se disparan las denuncias por fraude con fondos europeos desde que gobierna Pedro Sánchez. La nueva memoria anual refleja que mientras gobernaba Mariano Rajoy recibían entre 5 y 6 denuncias al año, pero en los últimos tres años este dato no baja de 45.

«Durante el ejercicio 2021, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) ha continuado con el análisis y tramitación de la información recibida a través canal de denuncias Infofraude. Con la puesta en marcha del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) [los fondos europeos cuya tramitación empezó en 2021], el SNCA se configura también como canal oficial del citado mecanismo. Durante 2021 se han recibido un total de 52 denuncias a través de dicho canal», se recoge en un documento oficial que consta de 142 páginas, fechado a 1 de julio de 2022.

En el prólogo de la memoria, Pablo Arellano Pardo, interventor general de la Administración del Estado, recuerda que «como cada año desde 1874, la Intervención ha desarrollado dos funciones fundamentales: el control interno de las actividades del sector público estatal y la gestión y dirección de la contabilidad pública, llevando directamente la contabilidad de los Ministerios y elaborando las normas y directrices contables de todos los entes públicos». También desde 1989 llevan el control de subvenciones y ayudas públicas y desde 2021 los fondos europeos. Cuentan con 1.900 trabajadores, cinco menos que el año anterior.

Por otra parte, la Intervención recoge un aumento muy considerable del número de consultas sobre cuestiones contra el fraude con fondos europeos. «En total se han recibido y contestado 111 consultas durante 2021. Siguen destacando, como en años anteriores, las consultas respecto a cuestiones relacionadas con la comunicación de irregularidades y al seguimiento de los casos judiciales en los que existen fondos europeos», indica. En 2017 y 2018 sólo se recibieron 17 y 16 consultas, pero desde que gobierna el PSOE esta cifra ha escalado a 51, 60 y 111.

Seis fraudes

También se han seguido realizando actuaciones sobre clasificación de las irregularidades en operaciones o proyectos que estén siendo o hayan sido objeto de un procedimiento judicial de carácter penal. La Intervención requiere a los organismos competentes la reclasificación como “sospecha de fraude” o “fraude constatado”. Durante 2021, el número de irregularidades fraudulentas notificadas a la Comisión Europea ascienden a seis. El desglose es: cuatro en fondos FEAGA/FEADER, 1 en el Fondo Social Europeo y una en el Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD).

Otra tarea desarrollada por la Intervención es identificar todos los procedimientos penales abiertos en los diferentes juzgados españoles como consecuencia de la comunicación de una sospecha de fraude. «En la actualidad el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) efectúa el seguimiento y análisis de más de 52 casos que se encuentran en sede judicial», indican.

También se destaca la asistencia a casos concretos que se están investigando por Europa. «En 2021, la Intervención ha abierto 24 nuevos expedientes de requerimientos de información procedentes de la OLAF, dos nuevos expedientes de comunicaciones, y ha asistido a los inspectores de dicha Oficina en un total de 3 inspecciones in situ sobre operadores económicos ubicados en territorio nacional. Se ha realizado durante 2021 un total de 367 actuaciones en relación con el total de expedientes».

Un total de 72 juicios

En 2021 se ha intervenido en 72 procedimientos judiciales, habiéndose cerrado 35 expedientes. A 31 de diciembre del 2021 existen 37 expedientes en curso, de los cuales en 14 expedientes se ha contestado al juzgado solicitando delimitar el alcance del trabajo y en 23 los trabajos están en proceso de realización (ocho proceden de actuaciones iniciadas en el 2021 y 15 proceden de actuaciones iniciadas en 2020 y anteriores).

Por otro lado, la Intervención en 2021 ha colaborado en otros asuntos como una propuesta de reforma de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el impulso de una Estrategia Nacional Antifraude en el ámbito de los intereses financieros de la UE y de la transposición de la directiva europea para la protección de los denunciantes o, entre otros la elaboración de una guía para la aplicación de medidas antifraude en los fondos europeos.