El aparejador que firmó la licencia de obra para exhumar a Franco nunca ha visto la tumba

El aparejador del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que firmó la licencia de obra para exhumar a Franco declara que no ha estado nunca en el Valle de los Caídos -pese a encontrarse a escasos 6 kilómetros de él- y que, por tanto, validó el preceptivo permiso que necesita el Gobierno para retirar la losa que cubre la tumba del dictador sin haberla visto nunca.

Así lo manifestó en su comparecencia judicial durante la vista celebrada el pasado viernes por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Madrid, donde acudió en calidad de perito para ratificarse en el informe municipal que admitió la relación de actuaciones urbanísticas del Ejecutivo socialista para exhumar a Franco.

El arquitecto técnico del Consistorio, gobernado por la plataforma vecinal ‘Vecinos por San Lorenzo’ gracias a los apoyos recibidos de PSOE, Podemos y Ciudadanos -en el momento en el que se visó el documento oficial- catalogó como ‘obra menor’ los trabajos de intervención en el nicho de la basílica de Cuelgamuros donde han reposado los restos del dictador durante los últimos 40 años.

Avaló, con ello, la tesis de los expertos de Patrimonio Nacional, institución dependiente del Ministerio de Presidencia del Gobierno y entidad que gestiona y de la que depende urbanísticamente el Valle de los Caídos, conjunto monumental sometido a protección especial.

Titularidad estatal 

Según lo previsto en la Ley para la Memoria Histórica, el complejo mortuorio del Valle de los Caídos -que comprende las fosas, las criptas y los osarios- es de titularidad estatal, al ser considerado un «cementerio público». Con la única salvedad del templo de culto, esto es la basílica de Cuelgamuros, que es propiedad de la Iglesia y cuya gestión está conferida en exclusiva a la Abadía benedictina que dirige el prior Santiago Cantera.

Así lo establecen los Tratados Internacionales suscritos entre el Estado español y la Santa Sede. En dichos Acuerdos, vigentes desde 1979, se reconoce la «inviolabilidad de la Basílica por parte de la autoridad estatal» en aquellos casos en los que, previamente, no se haya obtenido formal y expresamente la autorización eclesiástica.

Este último es uno de los escollos actuales que todavía debe superar el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez, toda vez que el Tribunal Supremo ha avalado la exhumación de los restos de Franco de acuerdo a la normativa vigente, tal y como solicitó el Gobierno en funciones.

Suspensión cautelar

La intervención que recoge el procedimiento, ad hoc, diseñado por el Ejecutivo para la exhumar los restos de Franco pasa por el «levantado del pavimento de mármol, retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Francisco Franco, su traslado a otro lugar, y formalización de muretes para el apoyo del forjado del hueco excavado mediante la colocación de rasillones y capa de compresión, todo ello en el interior de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos».

Así se detalla en el Auto del juez Yusty Bastarreche que suspendió cautelarmente la licencia expedida por el aparejador de San Lorenzo de El Escorial y en virtud del cual decretó la comparecencia en sede judicial de los expertos. El magistrado quería conocer, de primera mano, la opinión de los arquitectos independientes que firmaron el estudio encargado por la familia Franco, José Ismael de la Barba y Enrique Porto Rey, y del aparejador titular del consistorio madrileño.

Precisamente este último reconoció en la vista de la pasada semana -durante la que fue consultado sobre las condiciones de seguridad y estabilidad de las instalaciones- que pese a haber autorizado el trámite de intervención urbanística, lo hizo sin haber visitado antes el lugar.