El alcalde nacionalista de Vitoria permite el acto prohibido a favor del 1-O lleno de proetarras

1-O
La diputada de la CUP, Anna Gabriel, en el acto del 1-O que un Juzgado de Vitoria había suspendido

El Ayuntamiento de Vitoria, gobernado por el alcalde del PNV Gorka Urtaran, ha permitido la celebración del acto a favor del referéndum independentista del 1-O en el que participa la diputada de la CUP, Anna Gabriel. Lo ha permitido pese a que un juzgado había ordenado su suspensión.

La diputada de la CUP ha señalado antes de iniciar su charla que ella no ha recibido notificación alguna sobre esa decisión judicial y que por tanto la iba a mantener.

Tampoco la plataforma «Ascatasunera», creada recientemente en el País Vasco para apoyar la consulta catalana, organizadora del acto, tiene constancia oficial de la suspensión judicial.

Antes de entrar a la sala donde ahora ofrece su conferencia, varios parlamentarios de la formación proetarra de EH Bildu han saludado a Anna Gabriel.

El Ayuntamiento de Vitoria, al que pertenece el centro cívico Aldabe, ha recibido el auto judicial una vez iniciada la conferencia y lo está analizando, según han explicado a Efe fuentes municipales.

Ausencia de la Ertzaintza y de la Policía

El acto ha comenzado con normalidad a las 11.30 horas como estaba previsto sin presencia de agentes de la Ertzaintza ni de otros cuerpos policiales en el recinto.

Anna Gabriel, tras ser informada por los periodistas de la suspensión de su conferencia minutos antes de las 11.30, ha criticado la actuación del Estado y ha afirmado que se está amenazando el derecho de reunión y la libertad de expresión.

La decisión adoptada este viernes por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Vitoria de suspender la autorización de cesión de este local municipal para la charla de la diputada de la CUP Anna Gabriel se ha conocido pasadas las 11.10 horas.

La Delegación del Gobierno en el País Vasco ha informado de la resolución judicial a esa hora, tras la solicitud que hizo ayer por la tarde al Juzgado de Guardia de Vitoria, a la Fiscalía y al Ayuntamiento de Vitoria para que se anulara el acto al considerarlo «ilegal».

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