España
Ministerio del Interior

La agente violada se cogió la baja médica avisando de la agresión sexual en julio y la Policía se desentendió

La funcionaria que denuncia al DAO de la Policía lamenta que no hubo seguimiento a su baja

La agente de la Policía Nacional que ha interpuesto una querella contra el director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, José Ángel González Jiménez Jota, por violación se acogió a una baja avisando de que había sufrido una agresión sexual, pero no hubo seguimiento a ese caso. No consta que se activaran en ese momento protocolos de violencia de género que en otras ocasiones conllevan la detención del presunto violador, que además era ex pareja, para evitar más agresiones e incluso asesinatos.

Según la querella, la baja médica llegó el 28 de julio de 2025, tres meses después de la agresión denunciada y tras semanas de lo que el escrito describe como «somatización interna».

El diagnóstico fue de «trastorno ansioso-depresivo reactivo a agresión sexual», y la querella vincula la baja de forma directa tanto a la agresión del 23 de abril como a la posterior campaña de acoso. Es ahí cuando se desconoce si el médico activó el protocolo VioGén para evitar males mayores. Si llegó a avisar a la Policía, la cúpula del Ministerio del Interior pudo estar informada desde hace siete meses.

Normalmente cuando una mujer obtiene una baja médica tras sufrir una agresión sexual, su caso procede a trasladarse al juzgado de guardia y de ahí pasa a la protección policial del Sistema VioGén.

A partir de ese momento, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad –y por tanto el Ministerio del Interior– conocen el caso. Los agentes realizan una valoración policial del riesgo que determina el nivel de protección necesario —no apreciado, bajo, medio, alto o extremo— y activan medidas proporcionales, que pueden incluir vigilancia, órdenes de alejamiento o contacto permanente.

La baja médica actúa como un indicador objetivo del daño sufrido y puede reforzar la apreciación de vulnerabilidad de la víctima, facilitando la coordinación entre policía, juzgados y servicios sociales y sanitarios para garantizar su seguridad y seguimiento mientras dure el proceso de recuperación.

El proceso que desencadenó la baja se inició exactamente el 24 de julio, cuando la funcionaria se incorporaba a su nuevo destino en la Subdirección de Recursos Humanos de la calle Miguel Ángel número 5 de Madrid —el mismo edificio en el que trabaja el investigado— y recibió una llamada desde el teléfono del despacho del DAO.

Fue entonces cuando comunicó a la subdirectora Gema Barroso, la nueva DAO provisional, que «no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental», lo que motivó su derivación al equipo de apoyo psicosocial de la Dirección General de la Policía y la retirada de su armamento reglamentario.

La querella, fechada el 9 de enero de 2026 y firmada por el abogado Jorge Piedrafita del Colegio de Abogados de Huesca, detalla que los hechos principales tuvieron lugar el 23 de abril de 2025 en la vivienda oficial del DAO, un inmueble de titularidad pública en el centro de Madrid adscrito al cargo.

La querella se ha presentado ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid y solicita, entre otras diligencias, el interrogatorio del investigado, la declaración del asesor Óscar San Juan como testigo y un peritaje informático forense de los audios, mensajes y registros de llamadas aportados.

Primeras palabras del DAO

José Ángel González ha roto su silencio este miércoles en sus primeras declaraciones públicas tras abandonar el cargo. En una entrevista emitida por el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3, el ya ex DAO ha asegurado que presentó su renuncia «en el momento en que me enteré de la querella», y ha subrayado que lo hizo «automáticamente» y «por no ensuciar el buen nombre de la Policía Nacional».

El ex director adjunto operativo ha insistido en que no se trató de un cese ministerial sino de una decisión propia y voluntaria. «Ahora me tienen que cesar ellos. Yo renuncié, lo hice por escrito, además puse que por no ensuciar el buen nombre de la Policía», ha declarado, añadiendo que también dio ese paso «para poder defenderme en condiciones».

Su dimisión se formaliza el martes, el día en el que –como adelantó OKDIARIO– el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid admitiera la querella y le citara como investigado por presunta agresión sexual contra una subordinada. González era en ese momento la máxima autoridad uniformada de la Policía Nacional, con mando directo o indirecto sobre más de 70.000 funcionarios.

La versión del ex DAO contrasta con la decepción expresada por la víctima a través de su abogado. Piedrafita ha dejado claro que lo que ella esperaba no era una dimisión voluntaria sino que «el ministro cesara a esta persona», una distinción que, en términos de responsabilidad institucional, no es menor: entre quien se va por propia iniciativa alegando proteger a la institución y quien es apartado por quienes deben velar por sus subordinados, hay una distancia que la denunciante, al parecer, ha sentido con toda su crudeza.

El abogado ha advertido que les están llegando «rumores» de que este no sea «un hecho aislado» y que pueda haber «más casos de mujeres que hayan pasado por la misma situación». Piedrafita ha pedido a esas posibles víctimas «que sean valientes», reconociendo que es un proceso «muy duro», pero subrayando que «estas cosas se tienen que saber y, bajo ningún concepto, permitirse en un cuerpo policial».

La víctima se encuentra, según su abogado, «muy mal». «Si ya estaba mal, con todo este tsunami mediático, la repercusión que ha tenido y los múltiples ataques que está recibiendo sobre su intimidad y sobre cosas que no vienen al caso, ella y su entorno están sufriendo cada vez más», ha lamentado Piedrafita, quien ha prometido darle «fuerza y la máxima protección posible».