Ábalos y Koldo acusan a Leire Díez de tráfico de influencias y obstrucción judicial para salvar a Sánchez

El ex ministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García se quieren personar como acusación particular en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid para denunciar una presunta red de injerencias y filtraciones del PSOE orientada a condicionar sus defensas judiciales. Acusan a Leire Díez de tres delitos, entre ellos el de obstrucción a la Justicia, por una presunta operación desplegada por ella a beneficio del PSOE para tener controlados a los abogados que defendían a Ábalos y Koldo. Todo ello para salvar a Pedro Sánchez en el caso PSOE. Y todo ello, también, manejando «información privilegiada», siempre según los escritos presentados por los actuales abogados de Ábalos y de Koldo.

Ambos acusan a Leire Díez, periodista y ex militante socialista, conocida como «la fontanera del PSOE», de haber intentado controlar sus estrategias legales en beneficio del partido y de presumir de tener acceso privilegiado a información reservada de la Guardia Civil y la Fiscalía.

Los escritos, consultados por OKDIARIO, coinciden en señalar que Leire Díez habría mantenido reuniones en las que reconocía «tener bajo su control o asesoramiento la defensa de distintas personas investigadas» en el conocido como caso Koldo.

Según consta en el documento de Koldo García, Díez habría afirmado que «la estrategia procesal de mi representado fue modificada por indicación suya». También habría asegurado haber conseguido apartar a un inspector, al que describía como persona que pretendía liderar una «operación de inteligencia paralela». Ábalos dice que era Leire la que hacía esa «inteligencia paralela» y uno de sus elementos clave sería «modificar la línea de defensa» del ex ministro, sometiéndola por entero a sus directrices.

«Pacto de no agresión»

La representación de Koldo García sostiene que Leire Díez «mantenía comunicación directa con los anteriores abogados de Koldo García y que su defensa respondía a directrices que ella misma marcaba». El escrito menciona que estas maniobras buscaban sellar un «pacto de no agresión» con el PSOE. El escrito de Ábalos recoge igualmente que Leire Díez pretendía modificar su línea de defensa «para así llegar a un pacto de no agresión» con el PSOE.

El ex asesor socialista ha aportado como prueba una noticia en octubre de 2025. En ella se detalla cómo el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, habría impuesto a Koldo García que Leire Díez controlara su defensa. Según esta información, Díez forzó al investigado a romper con un bufete anterior y a contratar a Ismael Oliver, «un abogado de su confianza y del PSOE».

La ruptura de este supuesto pacto se habría producido en junio de 2025, tras conocerse las grabaciones que Koldo García realizó a Santos Cerdán y a José Luis Ábalos. Cuatro días antes de comparecer en el Supremo, Koldo contrató otro despacho «independiente y sin vínculo con Ferraz».

Acceso a datos reservados

Ambos escritos coinciden en que Leire Díez habría afirmado «poseer acceso a información reservada procedente de la Guardia Civil y de la Fiscalía». También se le atribuye «capacidad de influir en el desarrollo de diligencias policiales, incluyendo escuchas e investigaciones».

Los investigados han aportado también otra noticia de octubre de 2025 que decía que «la fontanera del PSOE presumía de influir en la cúpula de la Guardia Civil». Supuestamente Leire Díez se atribuía la capacidad de decidir nombramientos en el instituto armado. Además, aseguraba dirigir la estrategia de defensa de «Ábalos, Koldo García y el comandante [Rubén] Villalba».

Según las manifestaciones recogidas en los escritos, Leire Díez insistía en que «todo estaba entrelazado» entre el caso Koldo y operaciones del sector de hidrocarburos. En ese contexto, manifestaba su intención de «reconducir la situación» de los investigados y «evitar perjuicios» al Gobierno.

El letrado de Ábalos, Carlos Bautista, subraya que Leire Díez presentaba ambas investigaciones como «conectadas entre sí». Esta unión de múltiples frentes judiciales habría sido utilizada para justificar su supuesta capacidad de influencia.

Los abogados argumentan que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y revelación de secretos. Solicitan que se practiquen «las diligencias de investigación necesarias para esclarecer las posibles injerencias descritas».

El denominado caso Koldo investigaba incialmente presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. La Guardia Civil ha indagado contratos adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión SL, al empresario Víctor de Aldama.

José Luis Ábalos fue ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana entre 2018 y 2021. Koldo García actuó como su asesor durante ese periodo. El ex ministro pasó al Grupo Mixto en el Congreso en febrero de 2024, tras ser apartado del grupo parlamentario socialista.

La investigación judicial ha derivado en múltiples ramificaciones. Entre ellas, pesquisas sobre el sector de hidrocarburos –intercambio de favores en aras de una licencia del Gobierno– y supuestas irregularidades en la adjudicación de macro contratos de obras públicas.

Peticiones al juzgado

Ambos investigados solicitan personarse como acusación particular. Los escritos insisten en que «la gravedad de estas manifestaciones excede el ámbito meramente mediático». Argumentan que existe «la posible existencia de una red de injerencias y filtraciones orientadas a condicionar actuaciones judiciales y policiales».

Esta denuncia añade un nuevo capítulo a la crisis judicial que sacude a Pedro Sánchez y al PSOE. La estrategia de Ábalos y Koldo García pasa ahora por convertirse en acusadores de quienes, supuestamente, intentaron controlar su defensa. Un giro procesal que puede abrir la caja de Pandora de las relaciones entre Ferraz y sus investigados, exponiendo las costuras internas de un partido que enfrenta uno de sus momentos más delicados en lo judicial.