Interior dota a la Guardia Civil de más sprays de defensa para evitar medios “más lesivos”

El ministerio del Interior ha licitado la compra de más sprays lacrimógenos de defensa en la Guardia Civil, con la intención de que los agentes eviten medios que puedan resultar «más lesivos» para quienes les agredan.

En la memoria justificativa que acompaña el concurso -publicado en el Boletín Oficial del Estado- se argumenta la adquisición en la necesidad de «cumplir con los objetivos de mantener el orden público, garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger el libre ejercicio de sus derechos». Para ello, dice el Gobierno, «es necesario dotar a los componentes de la Guardia Civil del material auxiliar suficiente para conseguir la operatividad y eficacia en el Servicio, garantizando así la protección de los derechos y libertades y la seguridad ciudadana».

Asimismo, se explica que «las patrullas de la Guardia Civil utilizan sprays lacrimógenos de defensa personal para reducir a personas violentas o peligrosas, evitando así el uso de armas de fuego, que son mucho más lesivas».

«Este material es necesario como medio de defensa personal, para su uso en los servicios de seguridad ciudadana, a fin de que los componentes del Cuerpo puedan defenderse de posibles agresiones físicas, así como para controlar o reducir a posibles alteradores del orden público, facilitando la detención de personas sin tener que utilizar otros medios que pueden poner en peligro la integridad física del detenido», argumenta el Ejecutivo. El valor del contrato es de 235.950 euros.

El pliego impone toda una serie de requisitos al material. Así, se insiste en que se trata de un «material de defensa idóneo» por «no ser explosivo, ni inflamable a temperaturas inferiores a 50ºC, lanzando la pulverización a una distancia mínima de 3 metros, y resultando sus efectos instantáneos sin producir lesiones irreversibles ni letales en ningún caso para estar en condiciones de ofrecer respuestas eficaces a los riesgos y amenazas emergentes».

La ‘relajación’ en las opciones de defensa de Policía y Guardia Civil es una de las pretensiones del Gobierno socialista.

Así se contempla, por ejemplo, en el reciente acuerdo de Presupuestos ente PSOE y Podemos, que recoge la intención de revertir los artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana que tenían por objetivo “desalentar la protesta social” y “limitar los derechos a la libertad de expresión y de reunión”.

Marlaska defiende que se suavice la protección a los agentes y admite que les saquen fotos si no pone en peligro su seguridad

Entre las medidas firmadas está, por ejemplo, que la ausencia de comunicación previa deje de ser un obstáculo para las concentraciones, siempre que se desarrollen de forma pacífica, y que la actuación policial tenga como guía “la dignidad de la persona y los derechos humanos”.

Además, se obliga a los agentes a llevar siempre una identificación “claramente visible”, y limita los registros corporales únicamente cuando existan “indicios concretos y comprobables”, con prohibición expresa del desnudo total o parcial del sujeto.

Frente a las críticas, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, insistió en que debe haber “razón justificada” para que los policías de servicio que sean grabados en la calle puedan tramitar una multa en base a la Ley de Seguridad Ciudadana.

Además, Interior remitió el pasado 17 de octubre una instrucción dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad, y ampliamente rechazada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que, entre otras cosas, considera que “la mera toma de imágenes o el tratamiento de los datos de los agentes” no constituye infracción y que, para que sea así, será necesario “que se haga uso” de ese material de modo que “ponga en peligro la seguridad personal de los agentes o de sus familias, de las instalaciones protegidas o el éxito de una operación”.