La Fundación Franco contraataca: la instructora de la exhumación es subordinada de Dolores Delgado

La Fundación Francisco Franco ha presentado su escrito de alegaciones al decreto de exhumación. Y la respuesta es contundente: no sólo no acepta negociar la salida de los restos de Franco sino que desvela que la instructora de la exhumación es subordinada y persona de la máxima confianza de la ministra de Justicia Dolores Delgado. La Fundación señala, además, que toda la construcción del decreto viola la Constitución: «No es una norma general» sino creada en exclusiva para una persona individual -el dictador Franco-, y el Ejecutivo ha hurtado al Parlamento sus poderes para «tramitar de urgencia un decreto» que no reviste ninguna justificación para la supuesta urgencia.

El documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, demuestra claramente que una de las grandes promesas de Pedro Sánchez -la exhumación de los resto de Francisco Franco- tampoco se va a conseguir de forma fácil. «El presente escrito de alegaciones se presenta ad cautelam por cuanto, desde esta Fundación Nacional Francisco Franco, se insta formalmente la recusación de la Instructora del expediente, doña Cristina Latorre Sancho, Subsecretaria de Justicia y persona de máxima confianza -más allá de las razones ideológicas- de la Ministra de Justicia», señala el texto de alegaciones de la Fundación nada más comenzar.

El argumento se expone: «Lo que de antemano evidencia que este procedimiento administrativo constituye una muestra inequívoca de desviación de poder, pues resulta palmario que lo que se va a proponer por la Instructora es que se dicte una resolución que confirme lo que ya toda la sociedad española conoce anticipadamente por así haberlo expresado en innumerables ocasiones diversos Ministros del Gobierno de España, entre ellos la Ministra de Justicia, superior jerárquica de la Instructora, como es la exhumación y traslado de los restos del Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde».

En caso de ser aceptado el argumento, el Gobierno de Sánchez tendría un nuevo obstáculo en su plan de fuego de artificio: la salida de los restos mortales de Franco tendría que volver a ser instruida con su consiguiente retraso de tiempo.

«No sólo está en vilo la objetividad e imparcialidad de la instructora del expediente -máxime cuando es el propio Ministerio de Justicia el que ha dado pie al mandato del Real Decreto-Ley- sino que se dan todos los supuestos de absoluta falta de garantía para los ciudadanos y para todos quienes se muestren interesados», añade la Fundación. Porque «no puede instruir un expediente quien tiene interés personal en el asunto, como lo es el simple deseo de mantenerse en el puesto de libre designación sin riesgo de ser cesada por falta de confianza».

La Fundación suma otros argumentos a su combate contra la exhumación. Señala la «inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley por no cumplirse los presupuestos habilitantes», la «inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley por tratarse de una norma singular que no llena las exigencias constitucionales», «inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley y de los actos derivados en cuanto violan un Tratado internacional, de rango superior» y «nulidad de procedimiento por transgresión a la ley y a los principios constitucionales».

«No tiene carácter urgente»

La Fundación señala, de este modo, que «la forma jurídica utilizada por el Gobierno para proceder a la exhumación» requiere de una «extraordinaria y urgente necesidad», cuestión que no estaría justificada después de tanto años de la muerte del dictador.

«Es más, el 29 de agosto de 2018 el propio Presidente del Gobierno ha declarado que no se va a transformar el Valle de los Caídos en un Centro de Memoria Histórica, ni se va a resignificar la función del Valle, lo que demuestra que ni la Proposición no de Ley citada, ni el informe de 2011 del Comité de Expertos, ni el correlativo de un relator de la ONU, esgrimidos todos ellos como única justificación de la ‘necesidad’ y ‘urgencia’ del dictado del RDL, no tienen ningún carácter vinculante, ni mucho menos necesario o urgente», añade la Fundación.

Por último, las alegaciones señalan que tampoco se respeta el deber de que las leyes sean generales y no dictadas para un sujeto individual: «La presencia en el recinto de los restos mortales de Francisco Franco» -no de ningún otro enterrado en el Valle de los Caídos-«, recuerda la Fundación que es el argumento del decreto. Porque, bajo la apariencia de que lo que se pretende es «habilitar la exhumación de los restos mortales de personas distintas a las caídas durante la Guerra» […], el único procedimiento iniciado de oficio es el que se contiene en el Anuncio de la Subsecretaria de Justicia publicado en el BOE núm. 222, de 13 de septiembre, referido exclusivamente a la exhumación y traslado de los restos mortales de Francisco Franco Bahamonde».