La ANC admite la elaboración de un censo catalán con fines electorales

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) admite en su última hoja de ruta la intención del gobierno catalán de elaborar un censo con vistas electorales. Así se recoge en el documento, aprobado la pasada semana, y en el que se plantea, entre sus objetivos, «instar al Govern de la Generalitat a desarrollar la Ley de la comunidad catalana en el exterior, a fin de disponer del censo de catalanes en el extranjero que ha de facilitar su participación electoral».

La aprobación de esa ley -en mayo de 2017 y con los votos de JxSí, CUP, CSQP y PSC- ya fue muy polémica. Ciudadanos y PP votaron en contra precisamente porque la normativa crea un registro de catalanes en el exterior que, consideraban, sería un censo encubierto con vistas a la celebración del referéndum ilegal.

La oposición criticó que el gobierno catalán buscase con ello «instrumentalizar a los catalanes en el exterior para el independentismo» y advirtió de que el registro tenía por objetivo conseguir «datos personales» que podrían ser utilizados para la consulta. Los secesionistas trataron de fomentar la inscripción en ese registro a cambio del acceso a la tarjeta sanitaria para estancias temporales de dos meses en Cataluña, lo que les garantizará la misma cobertura sanitaria que a los residentes.

La elaboración de un censo propio fue uno de los asuntos más polémicos del referéndum del 1 de octubre. Como informó OKDIARIO, la Generalitat encargó a la empresa DxC Technologies, a la que había adjudicado un contrato de 62 millones de euros, la aplicación informática para realizar el escrutinio del referéndum de independencia del 1-O, y para ello utilizó los datos del censo de población que el Instituto Nacional de Estadística (INE) facilita al Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat, entonces en manos de Oriol Junqueras, según el sumario del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

Competencia del INE

Las autoridades autonómicas no pueden elaborar su propio censo, como establece la ley. Según ésta, el censo electoral es uno y único en todo el país, obra en poder del INE, y no cabe realizar otro distinto.

Los tribunales se han pronunciado en diversas ocasiones en ese sentido, como en la sentencia sobre una norma vasca de 1983 que pretendía otorgar al Gobierno regional la competencia de crear un censo propio. El Tribunal Constitucional justificó su rechazo en que el censo es un «requisito imprescindible» para votar, que es un derecho de los ciudadanos que se ejerce de forma idéntica en todo el territorio.

El censo se elabora a partir de los datos del padrón municipal. Pero esa cesión está fuertemente controlada, también según la ley.  «Los datos del Padrón municipal se cederán a otras Administraciones Públicas que lo soliciten sin consentimiento previo del afectado solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. También pueden servir para elaborar estadísticas oficiales sometidas al secreto estadístico», recoge la Ley de Protección de Datos.  La comunicación o cesión de datos cuando no está permitida por ley está considerada infracción muy grave y puede ser sancionada con multas de hasta 600.000 euros. 

Pese a las advertencias, los independentistas siempre han asegurado su intención de crear un censo propio. Así lo estableció incluso la propia Ley del Referéndum: ese censo sería validado por la Sindicatura Electoral y  todas las «autoridades públicas» tendrían el deber de colaborar en su elaboración .

En los textos de la Generalitat en los que se informaba de las dudas sobre el referéndum ilegal se aseguraba abiertamente que «la Administración electoral del Gobierno catalán impulsará un censo que permita a todos los catalanes ejercer el derecho a voto», que “durante el proceso electoral, como siempre, los ciudadanos recibirán la tarjeta censal para que puedan participar con la máxima normalidad”, y también que «el censo se hace a partir de los datos de la población de Cataluña, unos datos que elabora la Oficina del Censo Electoral y que la Generalitat tiene al alcance». 

Finalmente, los independentistas recurrieron para el referéndum ilegal a un censo universal, con intención de evitar los efectos del cierre de colegios electorales-permitía a los catalanes votar en cualquier centro-que fue de inmediato desactivado por la Guardia Civil.