La UE impondrá aranceles del 25% a productos de acero de terceros tras subir EEUU los suyos

El Ejecutivo comunitario ha propuesto imponer aranceles definitivos del 25% a 26 categorías de productos de acero para sustituir a las medidas provisionales que se aplican desde julio.

Bruselas justifica la adopción de aranceles definitivos tras concluir en una investigación que inició en marzo en respuesta a la decisión de Washington de imponer un arancel del 25% al acero que las importaciones al mercado europeo han aumentado de forma significativa y espera que sigan aumentando.

Así, alega que la situación en el mercado del acero europeo se ha visto «agravada» por el desvío de las exportaciones tras el arancel restrictivo de EEUU tras recordar que la industria europea no se ha recuperado todavía «plenamente» de la crisis del acero mundial e insiste en que si siguen aumentando las importaciones de acero al mercado europeo habrá una presión a la baja de precios.

El Ejecutivo comunitario ha aclarado que su propuesta introduce «algunas variaciones» respecto a las medidas provisionales en vigor -que sólo pueden aplicarse 200 días como máximo–a fin de «preservar los flujos comerciales tradicionales» como, por ejemplo, el hecho que los principales países proveedores será sometidos a topes de contingencia individuales, basados en sus propias importaciones históricas».

Los Estados miembro deberán dar su visto bueno a las medidas propuestas por la Comisión-algo que se espera que hagan a mediados de enero–, para que el Ejecutivo comunitario pueda aprobar formalmente los aranceles definitivos.

La Comisión tomará una decisión final sobre los aranceles definitivos en consultación con los Estados miembro antes de que concluya el plazo máximo para aplicar las medidas provisionales, que vencen el 4 de febrero. Los aranceles definitivos se aplicarían durante tres años, aunque se pueden revisar «si las circunstancias cambian».

La notificación, que fue hecha el viernes pasado por parte de la Comisión Europea, es un paso necesario para respetar las normas de la Organización Mundial del Comercio para dar tiempo a los países afectados a mantener consultas con la UE antes de que se adopte una decisión final.