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Economía
Delitos económicos

El Supremo ratifica la condena al ‘pequeño Nicolás menorquín’ por apropiación indebida

Se ha apropiado de 7.000 euros de dos de sus socios

  • Alicia Bonilla
  • Periodista especializada en Economía. Graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

El tribunal Supremo ha ratificado la condena de diez meses de cárcel contra el conocido como el pequeño Nicolás menorquín, un joven emprendedor de Maó, de 25 años, que se ha demostrado que se ha apropiado de 7.000 euros de dos de sus socios.

En concreto, la Sala de lo Penal ha desestimado el recurso en el que alega el pequeño Nicolás menorquín que podrían ser constitutivos de estafa y como no se le acusaba de este delito, le tenían que absolverle.

No obstante, hay que tener en cuenta que esta no es la primera causa judicial de esta índole a la que se enfrenta el pequeño Nicolás menorquín. En otras ocasiones, el mismo individuo tampoco ha devuelto el dinero a sus socios y ha incorporado a su patrimonio las cantidades que se le reclaman, según han informado los medios Última Hora y Es Diari de Menorca.

Con respecto a esta condena, los hechos se remontan a 2018 cuando el acusado firmó un contrato con estos dos socios para construir una sociedad y ejecutar operaciones de reestructuración, refinanciación y asesoramiento de empresas. Los dos afectados aportaron 3.500 euros cada uno y esta sociedad se constituyó en octubre de 2028.

Las discrepancias del ‘pequeño Nicolás menorquín’ con sus socios

No obstante, después apareció falta de confianza hacia el pequeño Nicolás menorquín, por lo que tras más discrepancias los dos socios decidieron apartarse.

A partir de ese momento, el acusado les empezó a decir desde marzo de 2019 que les iba a comprar las participaciones a los dos socios, pero luego el proceso se iba alargando el cierre de la compra-venta. Finalmente, en un momento dado, el joven desapareció y no informó ni notificó el destino del depósito, tampoco entregó los documentos ni los extractos bancarios que confirmaban los pagos que había asegurado hacer.

Como consecuencia de estos hechos, la denunció dio lugar a una sentencia condenatoria en un juzgado de Palma, que después fue ratificada por la Audiencia y ahora por el Supremo.