El Supremo da la razón a Sacyr por una autopista rescatada y urge al Gobierno a pagar indemnizaciones

El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente un recurso contencioso-administrativo interpuesto por Sacyr contra el cálculo que hizo el Gobierno de las indemnizaciones que tiene que pagar el Estado por el rescate de dos de las nueve autopistas que se construyeron bajo el Gobierno de José María Aznar, en pleno boom económico, y que posteriormente quebraron con la crisis financiera y el Ejecutivo de Mariano Rajoy tuvo que rescatar.

En una sentencia fechada el pasado 2 de junio, el Supremo vuelve a apoyarse en la misma jurisprudencia que ya ha usado en muchas otra sentencias anteriores respecto a este tema y urge al Gobierno actual a recalcular las indemnizaciones para pagar cuanto antes a las concesionarias por las inversiones que hicieron y que ahora pertenecen al Estado.

Anula, en concreto, la resolución complementaria que aprobó el Consejo de Ministros el 27 de diciembre de 2023 para liquidar la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) tras la quiebra y rescate de las autopistas de peaje radiales R-3 y R-5 de Madrid, así como de un tramo de la M-50, que establecía un pago de 570 millones de euros a la concesionaria.

Este era el segundo cálculo que el Gobierno realizó y ya aumentaba en 451 millones de euros lo calculado con anterioridad, tras aplicar unas sentencias previas del Supremo en las que anulaba la fórmula inicial aplicada por no ajustarse a derecho.

El Supremo reprocha al Ejecutivo que el proceso para determinar esta responsabilidad ha sufrido ya una demora «más que prudente», llevando más de diez años para finiquitar el contrato, por lo que le insta dictar ya la liquidación definitiva «sin necesidad de más demora».

Cabe recordar que Sacyr ya no gestiona la infraestructura -está en manos de la sociedad pública SEITT- y que la deuda financiera de la quiebra fue adquirida por fondos de titulación, personados también en la causa, por lo que la RPA no va destinada directamente a la empresa.

Pese a ello, el Supremo ratifica que las constructoras mantienen un interés legítimo suficiente para impugnar el cálculo, ya que el proceso no busca reclamar la deuda originaria, sino determinar de forma correcta y legal la cuantificación de dicha responsabilidad patrimonial.

La R-3 y la R-5 forman parte de una única concesión que fue adjudicada en 1999 a un consorcio de ACS, OHLA, Sacyr y FCC para un periodo de 50 años; entró en operación en 2004, pero en 2012 entró en concurso de acreedores y fondos como TDA, Bothar y Kommunalkredit se quedaron con la deuda para cobrar las futuras indemnizaciones del Estado.

Hasta la fecha, el rescate de las nueve autopistas ya ha supuesto un pago por parte del Estado de 1.684 millones de euros, aunque se trata de un coste provisional, puesto que la mayoría de las autopistas todavía se encuentran en la fase de la segunda resolución.

De esta forma, por la R-4 se han pagado 134 millones de euros; por la A-36, 319; por la A-41, 41 millones, por la AP-7 Cartagena-Vera, 278; por la AP-7 Alicante, 307; y por la M-12, 46; mientras que por la R-2 el coste provisional es de cero euros.