Los servicios públicos de empleo pagaron 770 millones de euros en prestaciones indebidas

El Servicio Público de Empleo  Estatal (SEPE) y el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social (SEASS, responsable del pago del antiguamente llamado PER) pagaron entre 2012 y 2013 casi 770 millones de euros en prestaciones de distinto tipo cuyos destinatarios no tenían que haber cobrado, según se recoge en el Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas publicado por el Tribunal de Cuentas.

El SEPE, el antiguo INEM, entregó al organismo fiscalizador una base de datos en la que se recogían cobros indebidos en las prestaciones por desempleo tanto de nivel contributivo como asistencial y de la renta mínima de inserción por un total de poco más de de 769 millones de euros. También proporcionó otra que dejaba de manifiesto pagos indebidos por parte del SEASS por casi 5,27 millones de euros.

Se sigue pagando las prestaciones a personas fallecidas debido a que “no se realizan cruces específicos con el Registro Civil para la detección de cobros indebidos”

Según el estudio del Tribunal de Cuentas a partir de las bases de datos proporcionadas por el SEPE, en total son 418.272 las personas que cobraron prestaciones indebidas y, por lo tanto, tienen la categoría de “deudores” del Servicio Público de Empleo Estatal. Los datos ofrecidos por las direcciones provinciales de este organismo son, sin embargo, menores.

Estas últimas dicen que existen 320.396 deudores, que cobraron de forma indebida casi 563 millones de euros. Hay, por tanto, una diferencia de 98.000 beneficiarios de prestaciones que no debía cobrar, por un valor de algo más de 206 millones de euros.

Según se recoge en el informe, hay cinco direcciones provinciales que no han remitido parte de la información que se les requirió “por carecer de los datos solicitados”. Esto impide deducir “conclusión alguna sobre las entidades globales”. Las direcciones provinciales que no remitieron la información que se les reclamó fueron Badajoz, Gerona, Madrid, Soria y Toledo.

Falta de coordinación con las autonomías

El Tribunal de Cuentas señala diversos motivos por los que se pagan prestaciones a personas que no deben percibirlas. Uno de ellos es la falta de coordinación con las comunidades autónomas. Los servicios públicos de empleo autonómicos tienen la competencia en materia de inscripciones de demandas de empleo. A través del denominado Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE), el SEPE tiene conocimiento de las irregularidades en dichas inscripciones. Sin embargo, hay datos que no quedan registrados de forma automática den el SIPSE.

Es el caso de la información referida a rechazos de ofertas de empleo o de rechazos y abandonos de itinerarios formativos. El SEPE sólo tiene acceso a esos datos cuando le son comunicados por los servicios autonómicos. “Por ello”, apunta el Tribunal de Cuentas, “la ausencia de comunicación pudiera originar un cobro indebido desconocido por el SEPE”.

Pagando a muertos

Pero no sólo falla la comunicación con las comunidades autónomas. Según el informe de fiscalización, se sigue pagando las prestaciones a personas fallecidas debido a que “no se realizan cruces específicos con el Registro Civil para la detección de cobros indebidos”.