Sánchez promete que el control del alquiler reducirá los precios pero en Cataluña ya han subido

La regulación del precio del alquiler que prepara el Gobierno de Sánchez e Iglesias sigue generando duras críticas y dudas sobre su efectividad. Aunque el propio presidente del Gobierno aseguró en el Congreso de los Diputados que la futura Ley de Vivienda -donde se incluirá el control de precios- servirá para rebajar y contener los alquileres, lo cierto es que en Cataluña ya hay una ley que regula el mercado del alquiler y no está funcionando. Los precios han subido en el primer mes de su aplicación y muchas operaciones se han parado por la incertidumbre y el caos que ha generado la medida.

En cuanto a los precios, el informe del mercado del alquiler de septiembre elaborado por Idealista confirma que las rentas han subido un 1,1% en toda la comunidad autónoma respecto al mes anterior, y un 1,9% en su variación anual. Los precios se han incrementado en todas las provincias catalanas salvo en Gerona, donde han experimentado un ligero descenso del 0,7%. Sin embargo, en la provincia de Barcelona han subido un 0,9%, en Lleida un 0,3% y en Tarragona 1,4%. De esta manera, el precio medio del alquiler de Cataluña se sitúa en los 14,8 euros por metro cuadrado. Este comportamiento contrasta con el de la Comunidad de Madrid -otro mercado tradicionalmente tensionado- donde los precios bajaron un 0,4% en agosto respecto al mes anterior, hasta situarse en los 14,9 euros el metro cuadrado.

En este contexto, los expertos del sector repiten como un mantra que el mercado se regula por sí solo, sin necesidad de poner en marcha ningún control. También anticipan que los precios bajarán de forma generalizada en todo el país debido a la presión que la pandemia está ejerciendo sobre el mercado.

Inseguridad jurídica y economía sumergida 

La regulación de los alquileres no solo tendrá un impacto directo en los precios -subirán especialmente en las zonas limítrofes donde se lleve a cabo la intervención- sino que también genera inseguridad jurídica y acabará expulsando a los inquilinos más vulnerables del mercado. «El acuerdo entre PSOE y Podemos es una mala noticia para el mercado. Reducirá la oferta de vivienda en alquiler y dificultará el acceso para los colectivos sociales con menos recursos, más si cabe en el actual contexto de crisis económica», dicen desde Asval, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, que ya advirtieron el aumento de precios en Cataluña

A pesar del esfuerzo del Gobierno por crear un sistema de índices de referencia que controle el mercado, lo cierto es que existe múltiples fórmulas legales para que los propietarios compensen la intervención del Gobierno: podrán «cargar» los gastos de la comunidad o el IBI a los inquilinos (en la mayoría de los contratos es el arrendador el que asume esos gastos) o incluso cobrar por utilizar los servicios de internet. La fórmula no legal para esquivar la intervención de los precios es de sobra conocida: el alquiler se pagará con dinero negro. La economía sumergida crecerá.

La intervención de los precios también se traducirá en un deterioro de todo el mercado inmobiliario. “El parque de viviendas se reducirá, y las que queden estarán deterioradas, ya que los propietarios no invertirán en reformas o mantenimientos si no saben si van a poder recuperar su inversión, algo imposible en un mercado regulado”, dice el consultor Eduardo Molet.

Proyecto de ley

La Ley de Vivienda que prepara el Gobierno se encuentra en estos momentos en fase de información pública previa, pero el objetivo es que llegue al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses, y que se presente en el Congreso de los Diputados como proyecto de ley en cuatro meses.

En medio de las fuertes críticas del sector, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha asegurado que la regulación de los alquileres será «una medida oportuna, ponderada, tasada y proporcional». Además, ha justificado que la norma se lleve a cabo a través de un proyecto de ley, y no de urgencia con un decreto, ya que «afecta a la propiedad privada» y, por tanto, «necesita las garantías de una ley». «Si así fuera, no estaríamos planteando la constitucionalidad de lo aprobado en Cataluña, sino de lo aprobado aquí», decía este mismo miércoles Ábalos en el Congreso de los Diputados.

El acuerdo entre PSOE y Podemos contempla que la limitación de los precios del alquiler se llevará a cabo en zonas tensionadas y afectará a los contratos nuevos y a aquellos que ya están en vigor tomando como referencia la información obtenida por los sistemas de índices de precios.

«En las zonas de mercado tensionado, determinadas en función de los sistemas de índices de referencia, se establecerán mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes», dice el acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos esta misma semana.