Sánchez hunde la libertad económica y empresarial en España: empeora por el déficit y la deuda

La libertad económica y empresarial en España ha caído nueve puestos, según el Índice de Libertad Económica 2023 (ILE 2023) elaborado por la Fundación Heritage y editada por el Instituto de Estudios Económicos (IEE). España ocupa ahora el puesto 31 entre los 38 países comparables de la OCDE y en la Unión Europea cae al puesto 22 de los 27. En cuanto a la posición mundial pasa del puesto 41 al 35.

«España se sitúa entre los países con libertad económica moderada, alejada de las primeras posiciones y en una situación relativamente baja si se compara con las economías desarrolladas», han destacado el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo, que han puesto el acento en esa baja situación en el marco de la OCDE y la evolución en la última década.

«Entre las variables que más lastran nuestra libertad económica en la actualidad destacan la excesiva dimensión de nuestro sector público, las elevadas cargas tributarias y el fuerte desequilibrio fiscal», han resumido desde el IEE, institución vinculada a la CEOE.

«La acumulación de déficit consecutivos y su reflejo en el creciente endeudamiento público son consecuencias de una política presupuestaria que interfiere, en gran medida, en el principio de libertad económica al perturbar la estabilidad macroeconómica y limitar la capacidad de crecimiento futuro, entre otros efectos», destaca el IEE.

«Es una cuestión critica (…) la ausencia de libertad de empresa frena el desarrollo económico», ha añadido Izquierdo, que ha señalado también a la «mala calidad regulatoria». También se observa que las economías donde la libertad de empresa es más elevada presentan, en promedio, tasas de desempleo más reducidas, del 6,2%, frente a aquellos países con inferiores registros en libertad de empresa cuyas tasas de desempleo promedio son del 10,7%.

Defensa del Cliente

En la presentación, el IEE ha puesto como «claro ejemplo de normativa que limita la libertad de empresa» el proyecto de Ley que pretendía crear la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero y que la disolución del Parlamento ha hecho decaer.

«La iniciativa infringe el derecho constitucional de libertad de empresa (…) es un ataque al principio de libertad de empresa», han criticado.