Sánchez promete 30 millones para las víctimas de Urda mientras el 80% de las ayudas de Adamuz no han llegado

Lo ocurrido en Urda vuelve a poner en el centro de la polémica a Pedro Sánchez y la gestión de su Gobierno ante las grandes catástrofes. En lo que va de 2026, el Ejecutivo ha anunciado alrededor de 90 millones de euros en ayudas para las víctimas y afectados de algunos de los principales sucesos del año. Sin embargo, el anuncio de estas partidas no garantiza que el dinero llegue de inmediato a sus destinatarios. 

En algunos casos, su destino y ejecución siguen sin estar claros; en otros, las ayudas parecen quedar relegadas a medida que se suceden nuevas emergencias. De hecho, hasta el siniestro de Urda, el Gobierno no había vuelto a pronunciarse sobre las ayudas pendientes de Adamuz.

En esta línea, Adamuz sigue sin un balance completo de pagos, Ceuta apenas ha comunicado transferencias por una cuarta parte de las ayudas empresariales, mientras que Urda acaba de recibir la aprobación de otros 30 millones. En los incendios tampoco existe una fotografía estatal de lo concedido y abonado. La pregunta ya no es cuánto promete el Gobierno, sino cuánto ha pagado. 

El primer mes del año es sólo uno de los acontecimientos que marcarían la estrategia de Sánchez: anunciar, pero tapar con lo que venga después. El 27 de enero, tras los accidentes de Adamuz y Gelida, el Gobierno aprobó un paquete conjunto de 20 millones de euros: 10 millones para ayudas directas y otros 10 millones para anticipos de futuras indemnizaciones por responsabilidad civil.

En caso de fallecimiento, la ayuda estatal directa asciende a 72.121,46 euros y el anticipo puede alcanzar otros 72.121,46 euros. De todo ese desembolso, la Subdelegación del Gobierno en Huelva comunicó en septiembre que se habían abonado todas las ayudas por fallecimiento de Adamuz, por un importe aproximado de 3,3 millones de euros. También informó de 96 resoluciones de ayudas a heridos por cerca de medio millón, sin precisar cuántas se habían traducido ya en transferencias.

Tomando como referencia esos 3,8 millones, la diferencia con los 20 millones anunciados es de 16,2 millones, aproximadamente el 81%. No puede afirmarse que esos 16,2 millones estén impagados: el paquete incluye dos accidentes y dos modalidades de ayuda. Lo que no existe es un balance completo de concesiones y transferencias que permita saber cuánto se ha abonado por cada accidente y cuánto queda pendiente.

Urda reabre la herida de Adamuz

Sin embargo, llegó Urda y con ello las dudas alrededor del paradero de esos 16,2 millones en ayudas. Como consecuencia, y ante posibles represalias, ayer 4 de noviembre, se produjo una modificación del procedimiento de Adamuz y Gelida en el BOE al reconocer que había solicitudes de anticipos de responsabilidad civil que todavía no estaban resueltas. La norma aplica los nuevos mecanismos a esos expedientes anteriores y establece coordinación con los juzgados. No indica cuántos quedan pendientes ni su importe, pero confirma que el procedimiento seguía abierto casi diez meses después de los accidentes.

Es decir, el 80% sigue sin llegar, como reconoce el propio Gobierno, mientras la sucesión de catástrofes vuelve a desplazar el foco hacia otras víctimas. Como en Gelida, la cual parece estar olvidada, pero que se incluye en ese paquete de ayudas. El accidente allí quedó en el centro del debate por la cobertura laboral del maquinista fallecido, que estaba en prácticas. Sin embargo, no se sabe el paradero de sus ayudas ni de si se ha llegado a aprobar una mejora de las condiciones salariales y de protección para el maquinista en prácticas.

Si bien el Sindicato Ferroviario sostiene que, tras Adamuz, ya reclamó una auditoría independiente de la línea Madrid-Sevilla y que ha sido necesario un segundo siniestro para que esas demandas vuelvan al centro del debate. Mientras las nuevas tragedias acaparan la atención política, las consecuencias de las anteriores siguen abiertas, tanto para quienes esperan ayudas como para quienes reclaman responsabilidades.

Un verano también olvidado

Pero las catástrofes no se quedan ahí, y ya parece que nadie recuerda las alrededor de 275.000 hectáreas que se quemaron en los incendios forestales del verano. Para sorpresa de nadie, tampoco se ha localizado un balance estatal consolidado de solicitudes, concesiones y pagos a damnificados.

En este sentido, los 20 millones anunciados para los pequeños municipios se destinan a planes de prevención e infraestructuras, no a indemnizar directamente a las familias afectadas. Y, por si fuera poco, en lugar de poner sobre la mesa nuevas compensaciones, el Gobierno ha optado por mirar hacia Bruselas y pasarle la pelota a la Unión Europea. Hacienda solicitó activar el Fondo de Solidaridad para hacer frente a los daños de los incendios, que cifró en más de 3.500 millones de euros, y calculó en 190,68 millones las operaciones potencialmente elegibles. Pero, de nuevo, hablamos de una solicitud de financiación, no de dinero concedido ni recibido por los damnificados.

Pero el verano avanzaba y los incendios fueron perdiendo protagonismo a medida que nuevas crisis ocupaban la agenda política. La siguiente fue Ceuta, donde Sánchez volvió a anunciar un plan millonario para hacer frente a la situación. Sin embargo, tras los grandes titulares y las cifras anunciadas, la realidad de las ayudas que estaban llegando a sus destinatarios era bien distinta.

El plan aprobado para Ceuta movilizó 309 millones, aunque no son ayudas directas a ciudadanos: incluye servicios públicos, seguridad, acogida, medidas fiscales y apoyo empresarial.

En lo que respecta a la partida de ayudas directas para empresas y autónomos, la cifra asciende a 36,6 millones. El último balance de Hacienda, del 13 de octubre, registraba 1.909 solicitudes, de las que sólo 1.020 estaban acordadas. Además, el organismo comunicó que se estaban efectuando pagos por 9,1 millones: el 24,9% de la partida. Los otros 27,5 millones, el 75,1%, no tenían ejecución desglosada en ese balance. No se sabe cuánto estaba pendiente de resolución, cuánto concedido pero sin transferir y cuánto sin asignar.

El Gobierno también anunció 14 millones para comercio y turismo y otros 100 millones adicionales para Ceuta, sin un balance público completo de su ejecución.

30 millones, sin balance de pagos

Por último, y lo que peor le venía a Sánchez para su último mes antes de las elecciones del 29N, ha sido Urda. El Consejo de Ministros aprobó el 3 de noviembre un paquete de 30 millones para las víctimas de Urda: 15 millones en ayudas directas y otros 15 millones en anticipos de responsabilidad civil. En caso de fallecimiento, se prevén 72.121,46 euros por cada concepto. 

Ahora, habrá que esperar a que lleguen o, siguiendo con el plan de Sánchez, surja algo nuevo. Lo que deja claro es que la aprobación de nuevas ayudas no acredita que el dinero haya llegado ya a las familias.

El dibujo que queda a lo largo de 2026 está claro. Las nuevas catástrofes, desde los accidentes ferroviarios hasta las inundaciones de Málaga y los incendios del verano, han ido desplazando a las anteriores del foco político. Pero lo que para el Gobierno puede quedar atrás en la agenda, para quienes siguen esperando una indemnización, continúa siendo una urgencia.