Economía
Naturhouse se mudó a Madrid hace seis años

Félix Revuelta (Naturhouse): «A Junts ya lo conocemos, lo grave sería que Sánchez aceptara sancionarnos»

Félix Revuelta, presidente de Naturhouse, descarta volver a Cataluña y asegura que "recurrirá y denunciará" cualquier sanción que le impongan

Félix Revuelta, presidente y fundador de Naturhouse, asegura en conversación con este diario que nada que venga de Junts le sorprende, en referencia a su propuesta de sancionar a las empresas que cambiaron de sede por el procés en 2017 y abandonaron Cataluña. «Lo realmente grave sería que Pedro Sánchez aceptara imponer esa sanción, porque a los de Junts ya les conocemos», asegura. «No voy a volver a Cataluña, y si me sancionan recurriré y lo denunciaré porque está fuera de la legalidad», señala.

Revuelta, que abrió su primera tienda de Naturhouse en Vitoria en 1992, da por perdido ya al Gobierno de Cataluña y a Junts, el partido de Carles Puigdemont, que han llevado a la comunidad autónoma al desastre económico. «No hay seguridad jurídica para las empresas y así no va a volver ninguna. No se trata de sancionar, ni de premiar a la que vuelva. Da igual. Lo que tienen que hacer es crear las condiciones necesarias de seguridad jurídica para que las empresas se desarrollen dentro de la normalidad», señala.

Con todo, lo que más le preocupa a Revuelta, que abandonó Cataluña hace seis años para recalar en Madrid, es que el Gobierno central se esté planteando una medida como esta. Dos ministros, Pilar Alegría, Portavoz, y Carlos Cuerpo, Economía, han evitado este martes hasta en cuatro ocasiones rechazar públicamente la propuesta de Junts para dar sus siete votos a los tres reales decretos clave que el Ejecutivo tiene que sacar adelante este miércoles en el Congreso.

«Eso es lo que sería realmente grave, que desde el Gobierno central aceptaran sanciones. Si eso llega a suceder por supuesto que recurriré y lo denunciaré donde haga falta pero, además, ya lo he dicho otras veces, si no hay seguridad jurídica a nivel nacional me marcho con mi empresa a otro país europeo, que es totalmente legal y nadie puede sancionarme», destaca.

«Me dicen que me vine a Madrid porque se pagan menos impuestos. Si quisiera pagar menos impuestos me habría ido a Irlanda ¿no? Allí tengo una filial y ya está. No, me vine a Madrid porque aquí tengo un mercado de seis millones de euros y hay seguridad», explica.

Naturhouse es una de las miles de empresas que decidieron cambiar de sede en 2017 por los riesgos que implicaban para las empresas el procès catalán. Hasta el momento, más de 7.000 empresas han abandonado Cataluña, según diferentes fuentes como los registradores, entre ellas varias importantes del Ibex 35.

Caixabank, Banco Sabadell y Naturgy son las más importantes. Evitan hacer comentarios sobre situaciones políticas como ésta, pero públicamente han contestado en más de una ocasión que no se dan las condiciones de momento para devolver la sede de las multinacionales a Barcelona.

Entre esas condiciones está el que los protagonistas del procès catalán, ERC y Junts, están asegurando una y otra vez públicamente que lo volverán a hacer, y están presionando al Gobierno central para que pacte un referéndum de independencia. «Por lo tanto nada ha cambiado respecto a 2017», han asegurado desde una patronal empresarial.

Este diario ya publicó en noviembre pasado que los empresarios temían que el Gobierno pusiera en marcha algún tipo de sanción contra las empresas que no quisieran volver a Cataluña. Hay que recordar que en el pacto alcanzado entre el PSOE y Junts para la investidura uno de los puntos decía específicamente que «se acordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el retorno a Cataluña de la sede social de las empresas que la cambiaron de ubicación a otros territorios en los últimos años».

La vuelta de las empresas que se fueron de Cataluña, buques insignia en algunos casos como la Caixa o Naturgy, es una obsesión de Junts. Ya en la legislatura pasada el consejero de Economía, Jaume Giró, anunció que estaba preparando un plan fiscal para favorecer el retorno de estas multinacionales.

Ahora, el Gobierno autonómico está en manos sólo de ERC, de Pere Aragonès, que ya ha señalado este martes que desde el Ejecutivo local no se va a aprobar ninguna sanción a ninguna empresa. Tampoco aprobar ningún tipo de ayuda fiscal para las que sí decidan regresar. «No se contempla, no está sobre la mesa», ha dicho la portavoz, Patrícia Plaja.