La reducción de la jornada laboral del Gobierno costaría más de 2.000 millones a las empresas turísticas

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas tendría un coste de 2.348 millones de euros al año para las empresas turísticas, a la par que ocasionaría un crecimiento medio del 4,9% de los costes laborales y una reducción media del 8,1% de sus beneficios, según un informe publicado por Exceltur.

En concreto, el coste adicional de la propuesta del Gobierno vendría derivado de la necesidad de «suplir las horas reducidas» en los empleos donde no es posible hacer un uso «más eficiente del tiempo de trabajo». En este sentido, se desglosa del informe que esta medida reduciría las horas semanales trabajadas en 5,7 millones, de las que el 75,4% no pueden compensarse por este uso eficiente del tiempo.

La patronal ha hecho este cálculo bajo el supuesto de que las empresas «pudieran encontrar trabajadores formados para complementar las horas reducidas», algo que no se da «en el contexto actual», y de que esas empresas tienen el tamaño suficiente para adaptar sus turnos, «lo que es difícil de asegurar», detalla el informe. Al respecto, destaca que el 93,9% de las empresas turísticas en 2023 eran micro pymes con un tamaño inferior a los 10 trabajadores (frente al 74,9% que suponen en el resto de las actividades de servicios).

Reducción de beneficios empresariales

Por ello, los costes laborales totales sufrirían un incremento medio del 4,9% para las empresas turísticas y una reducción media del 8,1% de sus beneficios anuales, con un mayor impacto sobre las pymes y los sectores de la restauración y el transporte de pasajeros por carretera.

Por subsectores turísticos, el impacto económico se concentra en las empresas de la rama de restauración, con 1.029 millones de euros y una reducción del 19,1% de los beneficios empresariales; del transporte, con 599,7 millones y un descenso del 7,8% de los beneficios; y del alojamiento, con 403 millones de euros y una caída del 6,1% de los beneficios.

Por tanto, la patronal considera que este impacto «desaconseja» llevar a cabo la reducción de la jornada laboral. Sin embargo, apunta a una serie de medidas que puedan favorecer la flexibilidad en la organización de las jornadas de trabajo e incrementar la productividad de los trabajadores y sus condiciones laborales. En este sentido abogan por la reducción de los costes no salariales, especialmente las cotizaciones sociales, para que aumente la competitividad de las empresas, además de introducir incentivos fiscales a la reinversión en España de los beneficios no distribuidos en reposicionamiento del producto.