El PP tumba en el Senado el objetivo de déficit del Gobierno por subir los impuestos y las cotizaciones

La mayoría absoluta del PP en el Senado ha tumbado los objetivos de déficit público (estabilidad presupuestaria) para el conjunto de administraciones públicas en el periodo 2024-2026 planteados por el Gobierno, como había anunciado, por lo que la senda tendrá que volver a ser aprobada por el Consejo de Ministros y pasar nuevamente el trámite parlamentario.

«Los españoles no quieren más subidas de impuestos, de cotizaciones sociales, de deuda y de gastos superfluos», defendió el senador del Partido Popular, Gerardo Camps, durante el debate este miércoles en la Cámara Alta.

La senda fiscal propuesta por el Gobierno así como su Plan de Reequilibrio para el periodo 2024-2026 ha contado con 147 votos en contra -de PP, Vox y UPN-, 113 votos a favor y cero abstenciones.

En el debate, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cargado contra el PP por su rechazo a los objetivos de déficit y les ha advertido de que «se equivocan» si creen que con su veto el Gobierno no va a poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2024.

Aunque Montero ha reconocido la autonomía y la legitimidad del Senado para pronunciarse, ha afeado a los ‘populares’ el «flaco favor que hacen a la función institucional y democrática» de la Cámara Alta cuando intentan utilizarla «de forma partidista para convertirla en un contrapoder al Congreso de los Diputados o en un fortín propiedad de un grupo político».

En la réplica, el senador del PP ha recomendado a la ministra que se «vaya acostumbrando», porque la mayoría del Partido Popular en el Senado «es legítimamente democrática, como cualquiera otra mayoría en otra Cámara».

El Gobierno ha contado, eso sí, con el respaldo de los grupos parlamentarios que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno esta legislatura.

Los portavoces de ERC, Junts, PNV, Bildu, Compromís, BNG, CC o Agrupación Herreña han trasladado desde la tribuna su posición a favor de estos objetivos, aunque los independentistas de Junts han avisado al Gobierno de que su voto para los Presupuestos Generales del Estado de 2024, «con esta forma de hacer», no lo obtendrán.

Vuelta al Consejo de Ministros

Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento de tramitación.

De no aprobarse los objetivos una segunda vez, según un informe de la Abogacía del Estado, los objetivos de estabilidad serían los recogidos en el Programa de Estabilidad remitidos a la Comisión Europea el pasado mes de abril, que son más exigentes para comunidades y ayuntamientos.

«Volveremos a llevar la senda sabiendo que van a votar que no y entrarán en vigor los objetivos del mes de abril, que serán más perjudiciales para las comunidades y ayuntamientos porque así lo ha querido el PP», avanzó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El Partido Popular ha cargado contra este «informe inexistente» de la Abogacía del Estado mencionado por la ministra de Hacienda que le asegura la tramitación de las cuentas públicas en 2024.

«Digo inexistente porque en el Senado solicitamos este informe de la Abogacía del Estado el 12 de diciembre y hoy, 5 de febrero, no tenemos noticias de este informe y no se ha hecho público», llegó a denunciar la senadora popular, Alicia García.

Pero fuentes del Departamento que dirige María Jesús Montero han asegurado a Europa Press que este informe se conocerá en el caso de que el PP rechazara por segunda vez los objetivos.

Chantaje de Montero

Como informó OKDIARIO, Montero amenazó a las comunidades autónomas gobernadas por el PP con un menor margen presupuestario si su partido tumbaba los objetivos de déficit. Así, este objetivo de déficit concede un 0,1% para las CCAA es el mismo porcentaje que el recogido en el plan presupuestario de 2024, enviado a Bruselas en octubre. Pero el nuevo objetivo contempla dar esa décima de más para las comunidades autónomas, que será asumida por la Administración Central el próximo año, con lo que su margen se reducirá al 2,9% del PIB.

Montero explicó en rueda de prensa que cuenta con un informe jurídico de la Abogacía del Estado que avala que, si la senda de déficit no es aprobada por ambas cámaras legislativas (como establece la ley de estabilidad presupuestaria), los objetivos de déficit vigentes serán los comunicados a Bruselas en el programa de estabilidad 2023-2026 de abril.

Con todo, la intención del Ministerio de Hacienda es aprobar la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 en la primera parte del año, en un momento marcado por la reactivación de las reglas fiscales europeas.

Para ello, ya tiene listo el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, del Presupuesto del Estado para 2024 -que no votan las Cortes Generales- que se eleva a 199.120 millones de euros, un 0,5% más con respecto al ejercicio anterior, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.

En la última reunión del Consejo de Política Fiscal con las comunidades autónomas, Hacienda propuso un déficit del 3% en 2024 para el conjunto de las administraciones, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026.

En el caso de las autonomías se estableció un objetivo del 0,1% para 2024. Para 2025 y 2026, las comunidades buscarán el equilibrio presupuestario. Para las entidades locales también se acordó el equilibrio presupuestario (0%) del 2024 al 2026, mientras que para la Seguridad Social el déficit se fijó en un 0,2% para 2024, en 0,1% para 2025 y en el 0% para 2025.

Pero si estos objetivos de estabilidad fueran rechazados por segunda vez en la Cámara Alta y entrasen en vigor los fijados en abril, las comunidades tendrían que cumplir con la estabilidad presupuestaria este año, mientras que los ayuntamientos tendrían un objetivo de superávit del 0,2%, lo que supone dar menos margen para el gasto de ambas Administraciones.

Para Montero, es «un sinsentido carente de toda lógica» que la mayoría del PP en la Cámara Alta «se emplee a fondo para perjudicar» a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, privándoles de unos objetivos de estabilidad que le ofrecen un mayor margen de actuación para ejercer sus competencias.

En caso de que las Cortes Generales aprueben definitivamente los objetivos planteados por el Gobierno, se tendría que volver a reunir el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero si se aplican finalmente los del Programa de Estabilidad de abril -más restrictivos- esa reunión no se produciría.