Podemos cede ante Sánchez y apoya que no se limite el precio de los alquileres

Podemos se ha olvidado de la que era una de sus líneas rojas en las negociaciones sobre el alquiler. Según fuentes conocedoras, el hecho de que esta medida pueda limitar en cierto modo los desahucios ha resultado clave en la presión de Sánchez a la formación morada, que ha ‘pasado por el aro’ aceptando endurecer las condiciones de los desahucios, pero quedándose sin la limitación al precio de los alquileres que tanto ansiaban. Además, desde Podemos valoran el hecho de que se les haya consultado previamente, y no se haya lanzado el decreto sin negociaciones.

Con la aprobación del decreto, que se convalidará en diputación permanente, se crea también el sistema de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda. En este sentido, se establece que en el plazo de ocho meses se desarrollará un sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler para mayor conocimiento del mercado y para servir de soporte a posibles medidas de política local.

Además, «las Comunidades Autónomas podrán elaborar sus propios índices para el ejercicio de sus competencias en materia de política de vivienda». Estos índices estatales, ni los que puedan desarrollar CCAA y Ayuntamientos, en ningún caso habilitan a éstos para establecer sistemas de regulación de los precios del alquiler.

Críticas desde el sector

El mercado del alquiler en España sirve como vehículo de ahorro a más de 4 millones de familias y es la alternativa de 10 millones de inquilinos, tal y como recuerdan desde el portal Idealista. Claudio Boada, senior advisor de Blackstone España, asegura por su parte que esta medida conducirá a que la oferta se retraiga aún más, a que haya tensiones al alza en las rentas y a que aumente la inseguridad jurídica.

«Esta es una de las medidas más polémicas de la nueva ley ya que va en contra del modelo económico de oferta y demanda», señalan desde el portal iAhorro.com. «La limitación de precios, al pasar a ser potestad de las comunidades autónomas, llevará seguramente a una aplicación muy desigual. No solo porque las políticas de las comunidades autónomas pueden ser muy distintas (lo hemos visto en el conflicto entre taxis y VTC) sino porque las diferencias de precios son muy diferentes en grandes ciudades o en áreas con mayor tensión en el mercado inmobiliario como son las costas, por ejemplo», explica Antonio Gallardo, experto financiero en iAhorro.com.

Una vez aprobada la Ley habrá que esperar a ver cómo se establece este índice y cómo lo aplican las diferentes comunidades autónomas. «Si se crean tablas en las que este precio es fijo o en verdad es una ‘recomendación’ camuflada de precio máximo, por ejemplo, si lo que conlleva es pagar menos impuestos por limitar una subida, puede que muchos propietarios no quieran la bonificación y prefieran alquilar por encima del límite», apunta el experto financiero de iAhorro.com.

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La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha agradecido el apoyo que algunos grupos, como Unidos Podemos o el PDeCAT, han manifestado al nuevo decreto, tras el rechazo del Congreso en enero al primero que aprobó el Gobierno.

Calvo ha afirmado que el Gobierno es consciente de la preocupación existente sobre los problemas habitacionales en España, particularmente para los jóvenes, por lo que se pretende dar un «giro social» a la política de vivienda, con novedades que refuerzan una «mirada social profunda» sobre el derecho de vivienda y el uso social respecto al anterior real decreto que «se mejora y completa».

En este sentido, ha explicado que con la nueva norma se consigue un «equilibrio importante» entre propietarios y arrendatarios, para que las viviendas de alquiler sean beneficiosas para los intereses de ambos, en un contexto en el que los ciudadanos españoles tienen la «costumbre» de acceder en propiedad a sus viviendas.

La vicepresidenta ha valorado especialmente una medida dirigida a paliar circunstancias «muy duras, tristes y lamentables» en materia de desahucios, como es aquella recogida en el decreto que propicia que en los procedimientos en curso de desahucios exista la obligación de la comunicación de las circunstancias a los servicios sociales de las administraciones públicas que tienen oferta de vivienda, sobre todo los ayuntamientos, para que «ninguna persona se vea en situación extrema de precariedad cuando se pueda ver afectada por un desahucio».