La Justicia de la UE avala la multa de 4.000 millones a Google por abuso de posición dominante

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha avalado este jueves, 19 de junio, la multa de más de 4.000 millones de euros que Bruselas impuso a Google por abuso de posición dominante con Android. Además, el organismo ha recomendado al Alto Tribunal europeo rechazar el recurso presentado por la tecnológica estadounidense y mantener la sanción.

La sanción se remonta al año 2018, cuando la Comisión Europea (CE) multó a la empresa norteamericana con un recargo de 4.340 millones de euros por abuso de posición dominante, por imponer a fabricantes de dispositivos móviles y operadores de redes móviles restricciones contractuales a favor de sus herramientas Google Search y Chrome. En 2022, esta fue rebajada por el TJUE un 5%, hasta los 4.124 millones de euros.

En concreto, Google obligaba a los fabricantes a preinstalar las aplicaciones de búsqueda y navegación de la marca (Google Search y Chrome) como condición para poder obtener una licencia para Play Store y les exigía no vender dispositivos equipados con versiones alternativas a su sistema operativo, Android, que no hubieran sido autorizadas previamente por la compañía.

Igualmente, la compañía incluía cláusulas de «reparto de ingresos» con las que sometía la participación de fabricantes y operadores de redes en los ingresos por publicidad a la exigencia de que no preinstalaran ningún otro servicio de búsqueda general en los dispositivos incluidos en una cartera predeterminada.

La sanción de Bruselas a Google

En las conclusiones, que si bien no son vinculantes, suelen marcar a la mayoría de sentencias, la Abogada del TJUE, Juliane Kokott propone desestimar el recurso de casación de Google y confirmar con ello el primer fallo dictado por el Tribunal General en 2022 que confirmó la multa.

Durante la defensa del caso, el Ejecutivo comunitario argumentó que con las restricciones impuestas, Google perseguía el objetivo de proteger y reforzar su posición dominante en el ámbito de los servicios de búsqueda general y sus ingresos resultado de anuncios publicitarios asociados a dichas búsquedas, en un momento en el que la relevancia del Internet móvil aumentaba exponencialmente.

El Ejecutivo comunitario concluyó que, debido a su objetivo común y a su interdependencia, las restricciones controvertidas supusieron una infracción única y continuada. Google, por su parte, recurrió la sanción ante la Justicia europea, pero la Abogada General considera que los argumentos jurídicos invocados por la tecnológica no son válidos.