Los pescadores llevan al Gobierno al Tribunal de Estrasburgo: «El plan para la eólica marina es ilegal»

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación. Redactor de economía en OKDIARIO y autor de "La economía a través del tiempo" en el Instituto Juan de Mariana
• • 31/01/2025 06:45
  • Actualizado: 31/01/2025 10:23

Los pescadores acudirán al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo para denunciar la forma en la que el Gobierno de Sánchez quiere implementar en España la eólica marina, dado que consideran que el Tribunal Constitucional ha actuado siguiendo criterios políticos. Esta es la última oportunidad de la Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos para evitar que esta infraestructura se desarrolle tal y como planea el Ejecutivo.

En concreto, los pescadores luchan contra los POEM (Planes de Ordenación Marina) que elaboró la que fue ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Según ellos, estos planes se han elaborado sin seguir criterios científicos y sin tener en cuenta el impacto socioeconómico que va a tener en las comunidades locales.

Y es que el Tribunal Supremo rechazó unos informes presentados por la plataforma «sobre afectación a caladeros de pesca, afectación a la campaña del bonito, de la sardina, de la caballa, del boquerón… «. Ante esto, realizaron un recurso en el Constitucional, que fue rechazado.

Según mantienen los pescadores, esos informes explican el impacto que pueden «tener las instalaciones de eólica marina con sus ruidos, vibraciones, cambios de corrientes, energías electromagnéticas de los cables…». «También habíamos solicitado informes sobre los stocks presentes en las zonas potenciales para la eólica marina y su situación biológica», explican.

«Toda esta información había sido despreciada, y el Tribunal Supremo había considerado de forma arbitraria que toda esa información era totalmente innecesaria y absolutamente desproporcionada, según palabras textuales del auto desestimatorio de estas pruebas solicitadas en su día en tiempo y forma», explican los pescadores.

«Habíamos solicitado del Tribunal Constitucional amparo ante esta denegación de pruebas, y este Tribunal se niega a admitir a trámite nuestra demanda, negándonos el legítimo derecho al acceso a los Tribunales para revisar la sentencia del Tribunal Supremo y su decisión de denegar a practicar las pruebas solicitadas», lamentan.

Por ello, consideran que el TC ha tomado una decisión «política», pues, «de admitir a trámite nuestra demanda se vería avocado a anular los POEM». Por ello, los trabajadores del mar llevan» esta decisión arbitraria a las instancias internacionales, en concreto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con Sede en Estrasburgo, agotando así la última instancia judicial que teníamos disponible».

Los pescadores contra la eólica marina

Los trabajadores del mar, que han llevado al Gobierno ante el Tribunal Constitucional por este tema, consideran que el Ejecutivo ha emprendido «una carrera desenfrenada saltándose todas las cautelas medioambientales y la necesaria ponderación de impactos socioeconómicos» que afectan al sector pesquero.

El sector también acusa al Gobierno socialista de excluir a los científicos del Instituto Oceanográfico de la comisión que se encarga de valorar los proyectos de implantación de esta infraestructura. Esta y otras cuestiones representan, para ellos, una evidencia de que el plan para instaurar la eólica marina en España «ha sido dictado a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico por el lobby de la eólica marina, renunciando la ministra a defender el interés general con la excusa de la transición energética y la lucha contra el cambio climático».

Además, los pescadores se sorprenden por el hecho de que la ecologista Ribera haya diseñado un sistema de concesiones en el que se ponderan en un 70% «criterios puramente económicos», por lo que solicitan «una mayor ponderación de criterios medioambientales».

Por todo ello, los pescadores pidieron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la sentencia del Supremo, que no les dio la razón. A juicio de dicha asociación, la sentencia del Supremo ha causado «indefensión jurídica» al no contar «con todos los medios de prueba que acreditasen la vulneración del principio de precaución que supone la aprobación de los POEM».