Un informe del Ministerio de Hacienda cuestiona cómo el Gobierno adjudica los contratos estratégicos

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, adscrita al ministerio de Hacienda, ha dado un toque de atención al Gobierno a causa de los criterios de adjudicación de los contratos. Además, considera que deberían agotarse los contratos reservados -aquellos con criterios de inclusión- antes de hacer otro tipo de adjudicaciones. El Ejecutivo adolece, además, de hacer adjudicar pocos contratos a pymes y demasiados a grandes corporaciones. El informe hace referencia, en concreto, a los contratos estratégicos en 2023, centrados en el tipo de adjudicación por empresa y contratos reservados.

Aunque la crítica que realiza en lo tocante a la adjudicación también la hace para muchas comunidades autónomas, este organismo adscrito al ministerio de Hacienda considera en su informe que algo más de la mitad de los contratos realizados como reserva o de forma estatégica -de la muestra tomada- no dejan claro el criterio por el que se hacen.

Además, explica que no se detalla bien a qué grupo pertenece, por qué se realiza o cuáles son los criterios exactos para su asignación. Tampoco son del todo claros en cuanto a la forma de puntuar la subjetividad.

En lo tocante a los contratos reservados, es decir, aquellos que establecen que sólo pueden participar determinadas empresas relacionadas en su mayoría con la inserción o los talleres ocupacionales, los porcentajes también son llamativos.

El Ejecutivo de Sánchez sólo firmó 25 contratos en ese sentido. Un exiguo 5% del total. Las comunidades autónomas firmaron un 43% y las corporaciones locales  el 52% restante. Pese a que el propio estudio admite la dificultad de analizar las corporaciones locales por el número de contratos menores y la tipología de su contratación, la realidad es que la mayoría de la inserción la realizan desde ahí.

En su mayoría, además, son contratos para prestaciones de servicios, según se desprende de esta memoria de 2023.

Según el propio informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, llama la atención que, en el ámbito estatal, en el 28% de los contratos reservados se exige garantía definitiva del 5%.

Tras analizar si se trata de motivos excepcionales justificados motivadamente en el expediente, solo en 4 de los 7 contratos donde se exige garantía consta una justificación en la documentación publicada.

Adjudicación a pymes

Una de las funciones de los contratos que pone en marcha el Gobierno, siempre que se garantice su ejecución, es la de dotar a distintos sectores de la capacidad económica necesaria para generar, a su vez, empleo y riqueza. La asignación de esos contratos y su permeabilidad laboral es clave.

Si reciben más contratos las pymes, podrán crecer y, además, se producirá con mayor transparencia y diversidad ese reparto de los contratos públicos. Es algo que el informe destaca en sentido contrario. Es decir, las pymes apenas logran contratos del Estado.

Dentro de los contratos analizados por este estudio, sólo se adjudicaron seis licitaciones. Aunque de forma algo enrevesada, desde la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación explican que la adjudicación de esos contratos a pymes es muy complicada desde el momento mismo en que se redactan los contratos y sus pliegos.

Al exigir con detalle la solvencia técnica precisa, pareciera que los contratos se han redactado para que se adjudiquen de forma muy precisa. Y ahí es mucho más complicado, dado todo lo que se exige, aunque no fuera necesario, que una pyme logre llevarse la ejecución del contrato.

El estudio elaborado desde el Ministerio de Hacienda reseña que España está lejos de alcanzar el 50% en adjudicación de contratos a las pymes y que, en su mayoría, son las corporaciones locales las que realizan esa tarea. El Sector Público estatal apenas realiza tres de cada 10 contratos con una pequeña empresa, porque suele eliminar, con los criterios previos, la posibilidad de que logren ese contrato. Si superan esa barrera, los datos muestran que las pequeñas y medianas empresas españolas son capaces de competir con las grandes compañías en las valoraciones técnicas.

En resumen, y a pesar de lo enrevesado del estudio, España no puede presumir de un sistema de adjudicación claro, homogéneo y equitativo para con las pymes. Aunque el sistema permitiría igualar esos criterios, la realidad es que los contratos, especialmente de la Administración que gestiona Sánchez, no van en esa dirección.