Hacienda busca fórmulas legales para entrar en los domicilios y hacer inspecciones sin avisar

Hacienda quiere entrar en los domicilios fiscales sin preaviso para encontrar las bolsas de fraude fiscal pero busca una forma de hacerlo que sea legal. Y no le está resultando fácil. Concretamente, la Agencia Tributaria busca un «cauce» entre la vía penal y los preavisos al contribuyente para entrar en los domicilios fiscales sin que se destruyan pruebas.

El Gobierno contempla cambios normativos tras la última sentencia del Supremo que prohíbe explícitamente al Fisco entrar en los domicilios fiscales o las compañías «para ver qué se encuentra».

En las actuaciones con entrada en domicilio con personas jurídicas -el 97% de los casos- normalmente se logra autorización judicial y, una vez realizada la regularización, en torno a un 85% de los expedientes el contribuyente ha firmado un acta de acuerdo o de conformidad.

El director general de la AEAT, Jesús Gascón, en su intervención en el XXX Congreso de Inspectores de Hacienda (IHE), ha indicado este jueves -tras el fallo del Tribunal que aclaró que Hacienda no puede acceder a un domicilio u empresa por una «corazonada»- que es un tema a «analizar y resolver». 

Gascón ve meridianamente claro que si una actuación no está lo suficientemente motivada por supuesto que no se puede producir la actuación judicial y la entrada en un domicilio, aunque cree que la postura del Supremo de que sea necesaria una comunicación al contribuyente previa a la entrada a un negocio para una actuación inspectora tiene un riesgo: la destrucción de pruebas.

Gascón defiende que la vía penal «tiene que ser el último recurso» y priorizarse la vía administrativa para no judicializar los casos. Por ello, ha dicho que hay que buscar una «solución intermedia», ya que en algunos casos las denuncias han dado lugar a actuaciones también en personas físicas, con una regularización por un importe medio de 500.000 euros, mayor que en las actuaciones ordinarias.

«El porcentaje de disconformidades es inferior la resto de programas de inspección y la conflictividad de estos expedientes es muy pequeña, con un ingreso en periodo voluntario más alto de lo habitual», admite.

Destaca, además, que el comportamiento del contribuyente en estos casos es notoriamente mejor que el que tenía previo a la actuación inspectora, ya que si se descubre la ocultación de ventas o un software para una ‘contabilidad B’, no vuelve a utilizarlo por regla general en el futuro.

Además, se refiere a las «miles» de denuncias tributarias de distintos tipos que recibe la Agencia Tributaria, algunas injustificadas y otras «absolutamente motivadas», alertando de que si se comunica el inicio de una actuación inspectora, «evidentemente las pruebas van a desaparecer».

«Necesitamos un cauce intermedio entre la vía penal y la notificación formal ordinaria de actuaciones inspectoras, que tendremos que utilizar de manera excepcional, siempre con autorización y control judicial y orientado a negocios, excepcionalmente a personas físicas. Estamos en pleno análisis y veremos qué sucede», ha añadido.

Preguntado sobre una sentencia del Supremo que permite la presentación y admisión de pruebas tras pasar por varios tribunales, el alto cargo de Hacienda opina que la aportación de pruebas fuera de procedimiento administrativo «solo sirve para desvalorizar el procedimiento administrativo» y ha causado un repunte en los recursos de reposición.

Así, ha abogado por «dar una vuelta» al procedimiento probatorio en los tribunales para ver si el tribunal pudiese dar parte a la AEAT para que en fase probatoria se puedan analizar pruebas, aunque ello podría requerir también un cambio normativo.

La Airef pide más controles al Gobierno

En otro orden de cosas, pero al hilo de las reformas fiscales necesarias en el país, este jueves la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha planteado al Gobierno la necesidad de establecer una estrategia fiscal nacional a medio plazo, que cuente con todos los niveles de la Administración, para preservar la sostenibilidad de las cuentas públicas y que incluya un «calendario tentativo» para el cumplimiento de las metas que se fijen.

En su informe trimestral sobre el cumplimiento de sus recomendaciones, la AIReF indica que en respuesta a esta recomendación el Ministerio de Hacienda «se apartó» de la misma al considerar que ya está elaborando esa planificación a través del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia 2021-2023, que establece como el marco estratégico de las políticas a ejecutar por las administraciones públicas.

En el marco de la estrategia fiscal a medio plazo, la AIReF aconsejó al Gobierno explorar la implementación de las propuestas de AIReF en los estudios de revisión del gasto o ‘spending review’, a lo que Hacienda ha respondido que ya está siguiendo esta recomendación en su primera fase y se compromete a incorporar en el proceso presupuestario las diferentes recomendaciones de la segunda fasedo