Grandes fondos denuncian a la JUR por el «confuso» tercer informe sobre la intervención del Popular

Los grandes fondos de inversión afectados por la amortización de las acciones del Popular han denunciado ante la Junta Única de Resolución (JUR) el carácter «confuso» del último informe sobre la operación, y han reprochado esta falta de transparencia, la cual «socava» su derecho de defensa.

En una carta a la que ha tenido acceso Efe, Anchorage y Algebris, personados en la justicia comunitaria y que junto con Pimco y Cairn Capital conforman este grupo, critican que el organismo desatienda las exigencias de su propio panel de recursos y continúe sin desclasificar partes «relevantes» de la documentación.

El pasado junio, este panel de expertos independientes aceptó ampliar el acceso a información hasta ahora confidencial, como son nuevos datos de la valoración previa y detalles de la salida de depósitos, vivida en el banco entre mayo y junio de 2017.

También las memorias del Popular en relación a los procesos privados de venta que barajaron para salvarse, el plan de resolución correspondiente a 2016 y del que ya se conocieron algunos extractos, y los informes de pasivos y funciones críticas del último año.

Para ambos fondos, este incumplimiento «agrava la negativa ilegal» de la JUR de divulgar los documentos requeridos por los solicitantes, catorce meses después de la operación que supuso la reducción a cero de las inversiones en títulos y deuda subordinada de la entidad.

Derecho de defensa

Consideran que la situación menoscaba su derecho de defensa ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), al que deben remitir sus comunicaciones antes del próximo 31 de octubre, motivo por el que urge al organismo a agilizar el proceso de información «sin más demora».

En otra de las misivas, los cuatro grandes, representados por el despacho de abogados Quinn Emanuel, expresan la voluntad de acogerse al derecho de audiencia abierto por la JUR el pasado 6 de agosto, cuando desveló, de manera preliminar, su intención de no conceder compensación alguna a los afectados amparándose en el tercer informe realizado por Deloitte.

Según la consultora, el resultado habría sido más desfavorable en una insolvencia al uso, y calculaba que las pérdidas para los acreedores habrían sido en el mejor de los casos de 23.400 millones de euros, y en el peor de 34.100 millones, frente a los 11.400 millones que perdieron en la operación.

De igual modo, añadía que la insolvencia ordinaria habría generado unas pérdidas de entre 1.800 y 2.200 millones de euros para el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que habrían tenido que utilizarse para proteger el dinero depositado por los clientes por debajo de los 100.000 euros.

Ahora los fondos, que perdieron unos 800 millones de euros, cargan contra este documento por ser «ilegible», e identifica una decena de tablas «imposibles de interpretar de manera fiable», lo que «socava la transparencia y la capacidad de las partes interesadas en revisar adecuadamente el contenido del informe».