El Gobierno se enreda con el impuesto a Amazon y Facebook para financiar las pensiones
El Gobierno de Pedro Sánchez busca fórmulas para sacar adelante el impuesto a las tecnológicas para financiar las pensiones evitando la batalla legal con Apple, Facebook o Google. La doble imposición -a los ingresos y a los beneficios- y el hecho de que la tasa tenga carácter finalista se han convertido en el verdadero quebradero de cabeza para Hacienda. Y en la base de los argumentos legales de los gigantes americanos para tumbar el impuesto en los tribunales.
El Gobierno está preparando la letra pequeña de este impuesto, con el que espera recaudar ya este año 600 millones de euros según aparece en los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el PP y asumidos por el PSOE.
Por eso, cerrar la letra pequeña del impuesto no va a ser fácil. Las compañías tecnológicas, representadas en las negociaciones por la asociación Adigital, que engloba a grandes compañías como Amazon o Facebook, no van a aceptar el impuesto tal y como está planteado.
Finalista
Estas empresas tienen varias cartas a su favor, que el Gobierno conoce. En primer lugar, el hecho de que tanto el Ejecutivo anterior de Mariano Rajoy como el actual de Pedro Sánchez han reconocido que ese impuesto es exclusivamente para pagar las pensiones. La hemeroteca está llena de declaraciones al respecto de miembros del Gobierno.
«Los tribunales europeos y españoles ya han dicho que un impuesto finalista no es legal. Ya existe el precedente del ‘céntimo sanitario’», explican fuentes tecnológicas.
En efecto, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sentenció en febrero de 2014 contra la norma española que recogía el impuesto a los carburantes en varias comunidades autónomas para financiar la sanidad, el ‘céntimo sanitario’. Según el TJUE, esa ley española era contraria a la directiva 92/12/CEE.
Doble imposición
Además, existe otro problema legal para que el Gobierno saque adelante esta norma y que daría alas a las tecnológicas en los tribunales. Es el concepto de la doble imposición: gravar los ingresos por un lado y, posteriormente, gravar los beneficios.
El plan inicial de Hacienda es que las empresas paguen un porcentaje de sus ingresos en España, lo que se sumaría a las tasas que pagan ya por el impuesto de sociedades, como el resto de empresas.
Estas dos cuestiones legales han frenado hasta ahora la puesta en marcha de este impuesto, que fue anunciado también a nivel europeo aunque no hubo acuerdo entre todos los países para implantarlo.
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